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Según los vecinos, Limsa ganó la licitación en 2002 “floja de papeles”

Vecinos mostraron documentación que da cuenta de una deuda de la empresa que presta el servicio de limpieza urbana con la comuna, vigente el año en que renovó por primera vez la concesión.

Los excesivos aumentos en las tarifas que cobra la empresa que brinda el servicio de limpieza a buena parte de los vecinos de San Salvador de Jujuy, despertaron una andanada de denuncias y quejas por parte de la propia gente.

Según estudios realizados por la concejal Alejandra Mollón, Limsa aumentó en los últimos 14 meses un 111 % el precio de sus tarifas, y parte de las subas se realizaron sin la sanción de una ordenanza, como lo exige la normativa.

A esta situación se suman los planteos de Juan Carlos Valdiviezo y Ramón Luna, dos dirigentes vecinales de barrio San Pedrito, quienes cuestionan la legitimidad de la actual tarifa.

Luna y Valdiviezo dijeron que durante su peregrinaje por públicas y privadas para lograr poner un freno a los aumentos de Limsa, se toparon con otra irregularidad en la concesión: en la primera renovación de contrato, que tuvo lugar en 2002, la empresa tenía en funcionamiento una sede comercial que no había sido inscripta en el ámbito municipal, y por lo tanto, adeudaba todos los tributos correspondientes a cualquier comercio.

“En 2002 la empresa Limsa no contaba con habilitación comercial de la planta situada en Ascasubi 217. Esto significa que desarrolla actividad comercial desde el año 1992, sin embargo a esa fecha no estaba habilitada su planta”, explicó Valdiviezo. “Después de los primeros 10 años se vence su contrato, y compite con una empresa de Salta en la licitación, y resulta ganador”, agregó.

El vecino recordó que “dentro de los requisitos, se encuentra la exigencia de presentar certificado libre deuda emitido por la municipalidad, es decir que no le tiene que deber un peso a la comuna, pero LIMSA, en ese entonces, no tenía habilitada la planta de la Ascasubi, no tenía inscripta ninguna actividad comercial, recién se habilitó en 2011, y con una relación muy unida entre personas del municipio y la empresa; pero en el año en que gana la licitación no existía tal certificación, no había denunciada ninguna actividad comercial, y se incumplía con un requisito”, especificó.

 

Aumentos ilegítimos

Los vecinos llevan adelante una extendida lucha en la que cuestionan los incrementos aplicados por la empresa en los últimos meses, y aseguran sentirse sin el acompañamiento de los concejales.

“Desde la sanción de la ordenanza 6310 del año 2012 en septiembre, nos sentimos violados por la actitud de la empresa, en connivencia con el Ejecutivo y el Concejo Deliberante”.

Relatan que el 15 de enero de 2002 se hizo la primera prórroga del contrato, sin embargo, en el período de que se interpuso entre una licitación y otra, la empresa siguió aumentando las tarifas, pese a que lo prohíben las normativas vigentes. “Haciendo números, de acuerdo a lo que decía el contrato, la empresa tenía una prórroga hasta de 120 días después de 10 años, sin embargo la ordenanza se sancionó después de eso, de manera que no había relación entre la empresa y el municipio”, explicó Valdiviezo.

“El contrato indica que se podía acceder a una prórroga sin modificar las condiciones contractuales, lo cual no se respetó”.

Para el vecino, el procedimiento correcto hubiese sido finalizar el primer contrato con una tarifa, y sostenerla durante la prórroga. “No se modifica el último día, para beneficiar a la empresa incrementando el precio cuando se presenta en la licitación”, afirmó.

 

Más definiciones de los vecinos que luchan contra los aumentos de Limsa

“Recurrimos al defensor del pueblo en octubre de 2012, pero casi un año después nos dio una respuesta pidiéndonos que le llevemos nuevamente los papeles”. 

“Nos sentimos violentados por la actitud de la empresa, y por la permisividad que tiene, tanto el Municipio como el Concejo”.

“Limsa se presenta en el Concejo deliberante, analizan todo y al otro día ya tienen el aumento, sin los procedimientos que exigen la carta orgánica municipal y la normativa”.

“No es equitativo lo que cobra Limsa. El barrio San Pedrito tiene menos servicios que otros y paga lo mismo. Hay calles que reciben el servicio de la municipalidad pero Limsa les cobra igual”.

“Nos sentimos indefensos. Los cuerpos de concejales no están a la altura de las circunstancias, o son cómplices”.