Miguel Ángel Cabezas: “Es mejor tener un hijo en la Terminal de Ómnibus que en la Maternidad”

“Hay un claro caso de abandono de persona seguido de muerte porque el Estado, por medio del ministro del área que es un colaborador solidariamente responsable, debería poner sobre la fachada de la Maternidad un cartel diciendo: ‘Señora Mamá, no concurra este centro porque su vida corre peligro e ingresa bajo su propia responsabilidad’”.

Así de duro y gráfico fue cabezas, quien aclaró por Radio 2, que el delito de abandono de persona tiene la pena del homicidio, cuando aquellos que estaban obligados a actuar por su profesión y por su función no lo han hecho con la responsabilidad, la diligencia y el esmero que la circunstancia del lugar, tiempo, modo y persona le demandaban. “En este caso concretamente, la primera responsabilidad es del médico de guardia; sigue por el director, el ministro y llega incluso hasta el gobernador, quienes para eximirse de responsabilidad tienen que demostrar objetivamente que de su parte han agotado todas las diligencias necesarias para que ese centro de salud goce de todos los elementos materiales primarios, para preservar y cumplir su fin: preservar la salud, resguardarla e incluso recuperarla para quienes queden internados en él.”

El Código Penal en su artículo 106 define claramente este tipo de acciones y las califica de ‘agravado por la calidad de funcionario público’, que es cuando se coloca en estado de indefensión a una persona. “En este caso al no advertirle a la gente que ingresa a ese centro de salud, que no tiene las herramientas necesarias. Si usted coloca ese cartel que yo le decía, esa mamá que se vino de San Pedro hubiese ido directamente a otro lugar”, explicó el letrado, quien consideró que “corre menos riesgo la vida de una mujer si a su hijo lo tiene en cualquier otro lugar que no sea la Maternidad”.

Miguel Ángel Cabezas fue más lejos todavía al sostener que todo esto determina la posible existencia del delito de genocidio, “porque siempre los que se mueren tienen una característica especial: es gente pobre, normalmente originaria de nuestra tierra que son los mayores desposeídos y está destinado a someter a un grupo de personas a un trato manifiestamente inhumano, cruel, cuasi esclavo”.

El abogado dijo que el fiscal de turno, como mínimo debe promover una investigación por incumplimiento de los deberes de funcionario público en contra del gobernador y del ministro de Salud. Explicó también que en este caso no hace falta una denuncia porque “el abandono de persona seguido de muerte tiene la pena del homicidio. Es un delito de acción pública y no hace falta que nadie lo denuncie”.

Aseguró además que en este caso “hay violación de un sinnúmero de leyes, como la Ley de Ética pública, que se define como el conjunto de normas que rigen el desempeño de la función con honestidad, idoneidad, diligencia, lealtad, imparcialidad, probidad, rectitud, desinterés personal,  dignidad, buena fe, autoridad, respeto a los derechos humanos…”.

Al entender de Cabezas, esta falta de acción por parte de la Justicia de Jujuy reaviva el tema de la designación de los jueces. “Si un fiscal que recibió una denuncia por el tema de la garrafa social hace cuatro meses no hizo nada, imagínese en este caso. Una familia destruida, esperando la llegada de un niño; ante el dolor no deben haber hecho la denuncia y aunque la hubiesen hecho, el estado de ánimo en el que se encuentran seguramente les impide ir, hacer colas interminables en la Fiscalía, preguntar cómo anda la causa, cuando  en realidad no hace falta la denuncia. Los resortes del Estado deben funcionar automáticamente”.

Finalmente el abogado reiteró que el fiscal de la causa debe actuar aunque no haya una denuncia y que de no hacerlo “demostraría un desconocimiento riesgoso del derecho. El fiscal está obligado a actuar; no tiene que pedirle permiso a nadie”.