Los pasos a dar, para que Carlés llegue a la Corte Suprema

El procedimiento establece que dentro de los 30 días de producida una vacante en la Corte Suprema de Justicia, en este caso el plazo vencía el 31 de enero, el Poder Ejecutivo debe publicar el nombre propuesto en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional, durante 3 días, en un aviso oficial que haga saber a la ciudadanía los antecedentes curriculares del candidato.

En su carácter de autoridad de aplicación de este procedimiento, establecido en el decreto 222/03, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación difundirá esa información en su página web.

De esta manera, a partir del último día de publicados los antecedentes del postulante, los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos tendrán 15 días para presentar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impugnaciones por escrito.

Durante ese período, se recabará de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un informe sobre el historial tributario del postulante y, además, se podrá requerir opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos a los fines de su valoración.

En el decreto de Néstor Kirchner se estableció además que el postulante deberá declarar la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado, los estudios de abogados a los que pertenecieron o pertenecen, la nómina de clientes o contratistas de por lo menos los últimos 8 años, en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigentes.

El candidato, además, deberá presentar una declaración jurada con el listado de todos los bienes propios, de sus cónyuges y sus hijos menores.

Con estos requerimientos, lo que se buscó en 2003 fue evitar “cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, actividades de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses”.

Una vez vencido este plazos y con toda esta información, en no más de 15 días, el Poder Ejecutivo decidirá si eleva o no el pliego al Senado de la Nación para conseguir el acuerdo del candidato propuesto, que debe ser abogado con un mínimo de ocho años de ejercicio de la profesión, tener al menos 30 años y haber sido seis años ciudadano argentino.

Cuando llega el pliego al Senado, a partir de una reforma del reglamento interno aprobada en julio de 2003, la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta deberá abrir un registro de observaciones y convocar a una audiencia pública en un plano no menor de 15 días hábiles, período en que la sociedad podrá elevar preguntar para que el candidato responda junto a las que hagan los senadores en ese marco de participación ciudadana.

De esta manera, la comisión emitirá dictamen sobre el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo y, siete días después, podrá tratarlo en el recinto, donde deberá ser aprobado por dos tercios de los presentes, por votación nominal.

Al suscribir el decreto en el que se autoimpuso límites a la designación de jueces de la Corte, que fue firmado el 19 de junio de 2003 junto al entonces ministro de Justicia, Gustavo Béliz, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, Kirchner explicó que el artículo 99 inciso 4° de la Constitución confiere al jefe de Estado la atribución de nombrar a los magistrados de la Corte y que “se trata de un importante poder político que el origen popular de su elección confiere al Presidente. Es a la vez una gran responsabilidad”. 

“Desde que el entonces presidente, general don Bartolomé Mitre, en 1863, dejó instalada la primera Corte Suprema de Justicia de la Nación, la totalidad de los Presidentes ejercieron esa facultad de modo personal”, dijo Kirchner, quien agregó: “Con razón se ha dicho que ninguno de ellos se sustrajo a la necesidad de colocar en ella a jueces identificados con su credo político”.

“Es verificable que en cualquier punto de nuestra historia la Corte ha servido de elemento de apoyo político para el presidente de turno, de modo que se ha sostenido que en la mayoría de los casos, aquí y en otras latitudes, los jueces de la Corte se han mantenido leales a quien los designó”, explicó el ex presidente. 

“En el incremento de la calidad institucional que buscamos tendrá un importante papel la modalidad que elijamos para seleccionar los nuevos miembros del máximo Tribunal”, afirmó Kirchner entonces, momento en el que agregó que por eso no “sirven las viejas prácticas” y que no “interesa conformar una Corte Suprema adicta”.

“Queremos adoptar un mecanismo de selección que en su ejercicio, por su transparencia y la participación del ciudadano, de la sociedad, produzca un crecimiento cierto de la calidad institucional para impactar positivamente en la credibilidad de la institución a la que el magistrado deberá incorporarse”, dijo el ex presidente, al inaugurar un proceso de selección por el que fueron electos los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Eugenio Raúl Zaffaroni y Carmen María Argibay.