Los “lazos” entre el Colegio de Abogados y el gobierno
La comisión directiva de la institución recibió fuertes críticas por parte de un sector de sus matriculados, quienes le reclaman falta de independencia respecto del poder político; una serie de datos dan cuenta de la cercanía de su presidente con la gestión de Cambiemos.
De forma inesperada, la independencia – o la falta de ella – del Colegio de Abogados de Jujuy se instaló en la agenda informativa, por una acción surgida de su propia comisión directiva.
En un comunicado que recibió un aluvión de críticas, la institución cuestionó informaciones y análisis periodísticos sobre el desempeño de la ex directora de protección integral de la niñez, Gabriela Ferreyra Jenks, y su pretensión de pasar a formar parte del poder judicial como defensora oficial de niños, niñas y adolescentes, cuando había tenido que dejar su puesto en el gobierno luego de tres impactantes casos de filicidios en los que se cuestionó su actuación y la de todo el ministerio de desarrollo humano.
El pronunciamiento del Colegio de Abogados en su defensa provocó que un grupo de abogados que se reconocen como militantes peronistas acusara de parcial a la comisión directiva de la institución por defender intereses de integrantes del oficialismo.
Con la polémica instalada, quedaron expuestos una serie de hechos concretos que dan cuenta de vínculos puntuales entre el presidente de la institución, Fernando Zurueta, y el actual Gobierno.
De acuerdo a un documento al que pudo acceder Jujuy al momento, Fernando Zurueta se convirtió en junio de 2016, en apoderado legal de la empresa Agua Potable y Saneamiento, estatizada con la llegada al poder del gobernador Gerardo Morales.
Si bien aclarar que no hay razones legales que le impidan a Zurueta ejercer la presidencia del Colegio y en paralelo representar a la empresa provincial como abogado, el hecho grafica un vínculo concreto con la administración actual.
Por otro lado, dos de sus hermanos, Diego y Mariano Zurueta, forman parte del poder ejecutivo.
El primero es coordinador de asuntos legales del Ministerio de Cultura y Turismo, y se vio envuelto hace muy poco en un escándalo por sospechas de corrupción en la gestión actual, a raíz de la filtración de un intercambio de correos electrónicos en el que aparecería su firma.
El segundo es secretario de asuntos legales de Fiscalía de Estado, y fue designado hace poco como presidente del comité de acreedores del Ingenio La Esperanza, que tiene como uno de los principales acreedores al gobierno provincial.
Fuentes consultadas por este medio aseguran además que el estudio del presidente del Colegio de Abogados formó parte de los equipos técnicos durante la campaña de Cambia Jujuy, previo a su llegada al poder.
El último hecho tiene que ver con la defensa vía comunicado institucional de la ex directora de protección integral de la niñez. Los abogados de Bases Nacionales Peronistas, le achacan al consejo directivo de la institución que su posición fue diferente frente a situaciones que también involucraron a abogados de la matrícula.
Se refieren a la detención que sufrió uno de ellos, Héctor Huespe, cuando intentaba realizar una protesta frente a Casa de Gobierno. Aseguran que el contraste entre un caso y otro es claro: mientras a la abogada militante del radicalismo la respaldaron frente a críticas fundadas del periodismo, a Huespe, militante peronista, lo dejaron sólo.