Ley de coparticipación, tema para el debate legislativo
La grave situación financiera de varios municipios jujeños, dejaron en descubierto la necesidad aprobar en el ámbito legislativo, en forma urgente, la ley de Coparticipación Municipal.
Al no haber una ley que regule o fije pautas para la distribución de los recursos coparticipables que recibe y recauda la provincia, los municipios se ven apretados en sus finanzas y deben recurrir a la “dadiva” del gobierno para hacer frente a sus obligaciones.
En el 2002, mediante un Acuerdo Relación Fiscal Provincia-Municipio, suscripto con fecha 04 de julio, y luego ratificada por la Ley 5.329, se le actualizó la coparticipación teniendo en cuenta el número de empleados municipales que poseían hasta ese momento los municipios. La decisión fue atinada, debido a que en ese momento la principal preocupación fue el pago de los salarios, que además de venir devaluados se abonaban fuera de término. En esa misma oportunidad, fue el mismo Eduardo Fellner, en su calidad de gobernador quien refrendó el acuerdo con los intendentes, sonde se obligaba en un plazo de 180 días, remitir a la Legislatura para su tratamiento y posterior aprobación de una Ley de Coparticipación Municipal.
Si bien ese proyecto llegó al recinto legislativo, lo hizo recién un año después y nunca tuvo un tratamiento acorde a la realidad y a las necesidades de los municipios.
Desde el 2007, cuando por entonces el intendente capitalino era José Luis Martiarena, no se volvió a discutir ni actualizar la distribución de los fondos que recauda la provincia y la nación, a los municipios. En esa oportunidad se congeló la planta del personal que presta servicios en los municipios y se tomó como base la distribución de la coparticipación, el cual se mantiene en vigencia hasta la fecha.
Casualmente, estas dos últimas fechas en que se discutió la coparticipación, se lo hizo cuando la provincia era gobernada por Eduardo Fellner, quien impuso las reglas para manejar la coparticipación.
Utilizando una vieja metodología “del apriete”, Fellner en su momento y luego Walter Barrionuevo oprimen a los intendentes con los fondos de la coparticipación, manteniéndolos en una situación “dominio o dependencia. Lo sufrieron en su momento Julio Moisés en San Pedro, Rolando Ficoseco en Perico y el mismo Marcelo Llanos en Libertador General San Martín; todos municipios de importancia y con un alto número de empleados municipales, que se vieron obligados a mantener la guardia baja a fin de no sufrir crisis en sus finanzas. Moisés y Ficoseco, luego terminaron rompiendo relaciones con Fellner y se enfilaron en el Frente Primero Jujuy, aunque después el jefe comunal periqueño retornó a las filas oficialistas.
En el 2002, se destinaban a los municipios los siguientes montos: Julio $ 7.748.710; Agosto $ 7.748.710; Septiembre $ 7.748.710; Octubre $ 7.748.710; Noviembre $ 7.748.710; Diciembre $ 7.748.710. También se acordó transferir dos cuotas adicionales por la suma de $ 3.474.355 y $ 3.874.355 para el pago de la 1ra. Y 2da. Cuota del Sueldo Anual Complementario de los agentes públicos.
En los años subsiguientes estos montos alcanzaron un total de $103.000.000 y según el Presupuesto 2011 se distribuyó 466.510.000,00 a los municipios jujeños. Esta diferencia se justifica, luego de ponerse fin al régimen de convertibilidad, que implicó el inicio de una nueva etapa en nuestro país.
En el marco del nuevo patrón de crecimiento, el importante y sostenido crecimiento de la actividad económica posibilitó un fuerte aumento del empleo y del empleo pleno y, consecuentemente, una caída en la tasa de desocupación. Hubo un paulatino ascenso de los salarios reales, lo que produjo que hacia fines de 2006 los niveles salariales alcanzaran a términos reales que luego tuvieron una recaída a consecuencia de la actividad económica causada por la crisis mundial entre 2008 y 2009.
Si a estos montos se lo compara con lo que recibió la Provincia de la Nación por los mismos conceptos, podemos asegurar que hay una tremenda diferencia e injusticia en la distribución de los fondos. Según denunció Carlos Sadir, actual Presidente del Concejo Deliberante capitalino y ex Secretario de Hacienda del municipio, “los recursos que recibe la Provincia de Jujuy por coparticipación se han incrementado en los últimos años, en 10 veces; en cambio los recursos que recibe la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, han aumentado solo cinco veces, es decir la mitad, respecto de lo que ocurre en la provincia, resaltando que “estos aumentos han sido arbitrarios, unilaterales, discrecionales, sujetos a decisiones políticas y no a las necesidades de los municipios”.
A nivel nacional, y según la Ley 20.221, se utiliza como criterios explícitos para la distribución secundaria de los fondos de coparticipación, un 65% según tamaño de la población; el - 25% por brecha de desarrollo (con indicadores de calidad de la vivienda, número de automóviles por habitante y grado de educación de la población); 10% según la dispersión de la población teniendo en cuenta las áreas de menor densidad geográfica.
Pero históricamente se observan provincias, como Chaco, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Formosa que recaudan menos del 10% de sus recursos totales, presentan elevados niveles de dependencia respecto de los recursos de origen nacional.