La UCR busca interpelar a Matuk por el ataque su sede
En la primera sesión legislativa luego del largo receso invernal que tuvieron los diputados provinciales, el bloque de la Unión Cívica Radical retomó el pedido de explicaciones por el ataque que sufrió el Comité situado en calle San Martín, el pasado 23 de julio.
El hecho fue captado por las cámaras de seguridad de la antigua casona radical, y registra el momento donde una decena de personas descienden de dos camionetas cuatro por cuatro y comienzan a realizar pintadas e inscripciones con un claro tinte político en la fachada del edificio.
Lo llamativo de la situación, y que despertó la indignación en el partido centenario, fue que a los pocos segundos de la llegada de los vándalos, se hace presente un móvil de la policía identificado con el número 603, que lejos de disuadir a los inadaptados, acompaña la escena con una actitud que, según se desprende de las imágenes, roza la complicidad, puesto que se observa cómo los uniformados intercambian gestos con los malvivientes, acompañan la escena por unos segundos, y se retiran a poco después de que finalice el ataque.
Por si fuera poco, según detallan los legisladores radicales, posteriormente los policías hicieron caso omiso a las quejas de un vecino del lugar, que les habría reclamado su actitud ante el hecho.
Tras denunciarlo pública y judicialmente, el radicalismo presentó un pedido formal en la Cámara para que el ministro de Gobierno, Alberto Matuk, concurra al recinto para brindar explicaciones, ya que se trata del principal responsable político de las acciones que lleva adelante la Policía de la Provincia.
En el escrito, bajo la forma de un proyecto de resolución que tomó estado parlamentario durante la última sesión, los radicales además hacen constar que las responsabilidades en el plano político por el hecho, incluyen al Jefe de la Policía, el comisario Roberto Paniagua, al Secretario de Seguridad, Jorge Zurueta, y al propio Matuk, aunque este último fue el único citado.
“Son ellos quienes definen lo conceptual, que luego se traslada a lo operativo”, explica el texto presentado.
Según trascendió, tras el escándalo público, sólo habrían sido sancionados los agentes de menor rango que se encontraban en el “operativo”, cuestión que también generó repudió en algunos sectores de la clase política, que entienden que “se corta el hilo por lo más delgado”, castigando a quienes sólo ejecutan órdenes.