La Legislatura aprobó el nuevo presupuesto con algunas objeciones

Finalmente a contrarreloj y en la última posibilidad, la Legislatura aprobó el presupuesto del 2013.

La normativa, fue objetada seriamente por la oposición, debido a que la Legislatura no cuenta con información sobre los gastos del periodo que se cierra, y por lo tanto tampoco se sabe si se invirtieron correctamente los fondos autorizados en el anterior cálculo del 2012.

Se quitó el Artículo 43 que eximía “del pago de los Tributos Provinciales previstos en el Código Fiscal a la empresa adjudicataria de las obras "Construcción Sector Materno Infantil del Hospital de Niños Dr. Héctor Quintana de la Provincia", financiada con Recursos de Origen Nacional mediante Convenio con el Estado Nacional y  aprobado por Ley N° 5.666 y "Remodelación, ampliación equipamiento e incorporación de sistemas informáticos del Hospital de Niños Dr. Héctor Quintana de la Provincia", financiada con Recursos de Origen Internacional mediante Convenio con el Estado Nacional aprobado por Ley N° 5.475, por la ejecución de las misma”.

Según convino la Legislatura, este articulado será reglamentado en el próximo periodo mediante una ley, para no violar disposiciones de organismo nacionales e internacionales, que son los que financian la obra.

Olindo Tentor, presidente del bloque Justicialista, fue el encargado de defender a rajatabla el presupuesto, no dejando que se modifique sustancialmente la norma emanada desde el Poder ejecutivo de la Provincia.

La oposición en numerosas oportunidades denunció la no presentación de las cuentas de inversión, razón por la cual no se sabe lo que se gastó en el presente año, ni los años anteriores.

También plantearon la alta dependencia del “gobierno nacional” para el financiamiento de más de un 70% del presupuesto, lo que le resta autonomía económica federal a la provincia de Jujuy.

En ese sentido, se recalcó que disminuyó la inversión en el desarrollo de la economía en un 71%, haciéndose más notable la tasa de desempleo.

Paralelamente se planteó un fuerte aumento en la asistencia social, un 122% que duplica el “asistencialismo” en desmedro del empleo formal, la actividad económica, factores que no “podemos dejar de hacer notar, porque no permiten dinamizar la economía”, se sostuvo.

En defensa del proyecto, Miguel Morales destacó que se aumentaron notablemente los aportes para la ciencia y la tecnología, y el destino de 642 millones para el área de educación  que en total llegó a un incremento del 14%.

Morales, a modo de crítica o advertencia hacia el Poder Legislativo, planteó que así como se acordó una ley para beneficiar a los jueces que están próximo a jubilarse, con ventajas en cuanto a la percepción de sus salarios, mejor obra social, etcétera, se debe empezar a trabajar en una norma para quienes estén por jubilarse el próximo año, puedan aspirar a un fondo que le compense la baja de salarios que tendrán.

El presupuesto fue aprobado con algunas modificaciones  en sus articulados; también hubo varios rechazos a modificaciones, sobre todo planteadas desde la oposición.

Isolda Calsina, planteó la modificación del Artículo 14,  inciso a) y k) por considerar que hay un exceso de delegación de facultades. El inciso a) dice “Crear, modificar y suprimir -total o parcialmente- partidas, efectuar transferencias o compensaciones entre distintas partidas y diferentes organismos, en la medida que dichas reestructuraciones no importen un incremento en las fuentes financieras establecidas en la presente Ley”. Y el inciso k) Delegar, en cada uno de los ministros, las facultades otorgadas en el inciso a) de este artículo, dentro del área de su Jurisdicción, con intervención -en todos los casos- del Ministerio de Hacienda”.

Igual planteamiento hizo para el Artículo 16, el diputado García Goyena, donde se faculta a introducir ampliaciones, debidamente fundadas, en los créditos presupuestarios aprobados por la presente Ley y establecer su distribución, en la medida que los incrementos sean financiados con fondos provenientes de recursos extraordinarios o no previstos en la presente. También, disponer, transitoriamente y durante el ejercicio fiscal, por razones de oportunidad o insuficiencia, de los recursos que disponga el sector público provincial, para cubrir deficiencias en el flujo de los respectivos fondos, sin perjuicio de las normas legales o convencionales que los rijan.

Isolda Calsina justificó esta posición, afirmando que durante este año hubo un 25 de aumento en la coparticipación que llegó a la provincia, con respecto al año pasado, lo que le significó a la provincia contar con 960 millones más, que no se saben expresamente en que se invirtieron.

Tras la intervención de Tentor, quien justificó cada palabra de esos artículos, la cámara rechazó las modificaciones, quedando esos textos redactados tal cual como vinieron del Ejecutivo.

Sí se dio curso al planteo efectuado por el diputado Alejandro Snopek, que objetó el artículo 20 que decía “Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial para que, con intervención -en todos los casos- del Ministerio de Hacienda, efectúe las modificaciones previstas por el Artículo 37 de la Ley N° 4958 - "De Administración Financiera y los Sistemas de Control para la Provincia de Jujuy", hasta un monto equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del total presupuestado, con el objeto de optimizar la aplicación de los recursos y el funcionamiento y calidad de los servicios públicos”.

En este caso, se dejó afuera al Ministerio de Hacienda para que realice estas modificaciones.

En el Art. 27, Jorge Rizzotti, planteó también modificación en el texto de las erogaciones destinadas a asistencia social, atendidas con recursos o financiamientos afectados de origen nacional, donde se agregó que éstas sean anticipadas, en forma mensual y pagaderas hasta el día 10 de cada mes.

Igual suerte no tuvieron los planteamientos realizados a los artículos 30; 33; 39 40 que fueron rechazados por el oficialismo.

Se subrayó que el proyecto elevado ratifica la profundización de las políticas de gobierno, acentuando el desarrollo y ejecución de programas de fortalecimiento para seguridad, educación, salud, infraestructura y el fomento al desarrollo productivo provincial.