La ética pública en Jujuy no aguanta más remiendos

El escándalo de los créditos millonarios que hoy sacude al país no es una postal exclusiva del puerto de Buenos Aires; aquí, en nuestra propia tierra, la excepción no existe y el privilegio circula por los pasillos gubernamentales con una impunidad que asusta.

Fíjense en los números, porque los números no mienten, aunque los hombres sí lo hagan: tenemos al ministro de Producción, el señor Robles, que en febrero de 2025 habría accedido a un crédito de más de 300 millones de pesos a través de una financiera local, Valerza. Lo que cualquier ciudadano de a pie se pregunta, mientras lucha para que no le rechacen un cheque de diez mil pesos, es cómo un funcionario con antecedentes de cheques rechazados por sumas astronómicas entre 2021 y 2022, y con irregularidades en sus personas jurídicas, logra que una financiera le abra el grifo de esa manera. ¿Qué garantías pesan más que el historial crediticio? ¿Será que el cargo público funciona como una fianza invisible que borra los antecedentes de insolvencia?

Pero la lista sigue y el asombro no descansa. Allí aparece Gastón Morales, el hombre de los papeles cuestionados y la gestión discutida en CANNAVA, quien para julio del año pasado acumulaba una deuda de 167 millones de pesos que, por arte de magia y sin explicación técnica coherente, se esfumó en este 2025.

La pregunta que flota en el aire, y que nadie se atreve a responder en los micrófonos oficiales, es simple: ¿de dónde salió el dinero para cancelar semejante deuda en un contexto de crisis? ¿Hubo un milagro financiero o estamos ante una alquimia de fondos que la Justicia prefiere no mirar?

Y como si esto fuera poco, la frutilla del postre es la premiada María Inés Zigarán, quien parece haber descubierto el secreto de la multiplicación de los panes, pero en versión tarjetas de crédito: consumos que superan los 15 millones de pesos mensuales en entidades como Banco Macro, Cencosud y Santander, cuando sus ingresos apenas alcanzan la mitad de esa cifra. ¿Cómo hace una funcionaria para gastar el doble de lo que gana sin que se encienda ninguna alarma de lavado o de inconsistencia patrimonial en los organismos de control?

Resulta indignante la discrecionalidad con la que se manejan, mientras los organismos de contralor en Jujuy parecen padecer una ceguera selectiva y una parálisis crónica. Esperamos, y lo decimos con la fuerza de la evidencia, que la Justicia local no mire para otro lado y actúe con la misma celeridad y rigor que hoy se observa en la Justicia federal con los créditos del Banco Nación.

Porque si no hay sanción para el funcionario que gasta lo que no tiene o que cancela deudas que no puede explicar, lo que se está firmando es, ni más ni menos, el certificado de defunción de la transparencia institucional en nuestra provincia.