Política | Política

Juicios Históricos: Denuncian a la Justicia provincial por ocultar informes

Abogados querellantes por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Jujuy durante la última dictadura cívico militar, denunciaron el ocultamiento de información importante para los juicios que se tramitan en el Tribunal Oral N° 2.

Se trata de libros con registros correspondientes a los años 1976, 1977 y 1978 de la seccional 24 del barrio Ledesma y otro libro con registros que datan de los años 1970 al 1995 de la comisaria de Calilegua.

Según explicó el fiscal Pablo Pelazzo, los abogados querellantes  desconocían este hecho y se trataría de documentación correspondiente a los años 1976, 1977, y 1978 entre otras, contenidas en los libros de guardia de las comisarías de las localidades de Calilegua y de la que se encuentra en la ciudad de Libertador General San Martín, en el barrio Ledesma.

Esta documentación se encontraría secuestrada por la Fiscalía de Investigaciones N° 9 de San Pedro de Jujuy, a cargo del Dr. Emilio Carlos Cattan, desde agosto de este año.

Para la querella, esta situación constituye una grave irregularidad, por cuanto se habría producido un ocultamiento de pruebas de suma importancia para el esclarecimiento de los hechos que se investigan.

Circunstancia que cobró trascendencia, tras la inspección ocular realizada durante la mañana de ayer por el juez federal de instrucción, Luis Poviña.

Este magistrado lleva adelante la causa en la que se indaga la participación del presidente de la empresa Ledesma  y del ex administrador de la misma Alberto Lemos, en los secuestros y desapariciones de personas producidas en la zona desde el golpe militar de 1976.

La orden de inspección se cumplió “in situ” en las seccionales de la policía de la provincia N°41 de la localidad de Calilegua, la N° 11 de la ciudad de Libertador Gral. San Martín, y  la N° 24 ubicada en barrio Ledesma, además del destacamento de gendarmería que colinda con esta última, ante la presencia de las partes involucradas, el fiscal ad hoc Pablo Pelazzo y el juez Poviña.    

“Ayer, mientras se llevaba a cabo la medida, nos enteramos que en agosto de este año, y por una denuncia formulada por el fiscal del estado provincial, Dr. Matuk, se ordenó en el marco del expediente 2093/12, el secuestro de varios libros con registros correspondientes a los años 1976, 1977 y 1978 de la seccional 24 del barrio Ledesma” destacó el abogado querellante Ariel Ruarte.

“También pudimos conocer que se secuestró otro libro con registros que datan de los años 1970 al 1995 de la comisaria de Calilegua.  Esta documentación debió remitirse de manera inmediata, tanto al Juzgado Federal N° 2 del Dr. Poviña, quién es el que investiga estos hechos, así como también haberlos puesto en conocimiento de los organismo de derechos humanos” consideró Ruarte.

Por su parte,  la abogada querellante Paula Álvarez Carreras sostuvo que “se desconoce el objeto de la denuncia impulsada por la provincia, y lo que es más grave aún, el contenido de los documentos secuestrados, y si el Juez Poviña está al tanto de los mismos”.

En ese mismo sentido, sostuvo que “quiero expresar nuestra preocupación como querellantes, ante ésta seria irregularidad, ya que hace más de dos meses que se encuentra en manos del poder judicial de la provincia, una documentación policial relacionada con lugares de detención de víctimas de la noche del Apagón; y podrían estar registradas allí detenciones de numerosas víctimas”. “Muchas de las cuales se encuentran hasta el día de hoy desaparecidas en el contexto del terrorismo de Estado practicado por la dictadura cívico militar”; finalizó la querellante.

Asimismo, se informó a su vez que pudo saberse que “no existe documentación de aquellos años en la Seccional N° 11 de Libertador Gral. San Martín,  por cuanto los registros de archivos anteriores al año 2000, fueron incinerados” según dijeron.