Juicio Histórico: Piden 25 años de prisión para Antonio Vargas
El Dr. Juan Manuel Sivila como querellante de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, solicitó al Tribunal Oral Federal , de 25 años de prisión efectiva para el imputado Antonio Orlando Vargas con destitución del cargo y cese del beneficio jubilatorio.
En la jornada del jueves se realizó una nueva audiencia de alegatos por la causa “Luis Aredez y otros” también denominado subgrupo Ledesma, cuyo único imputado es Antonio Orlando Vargas como responsable de la Unidad Penitenciaria de Villa Gorriti.
Las víctimas en esta causa son Luis Aredez, Ramón Luis Bueno, Antonio Filliu, Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melian.
“Este juicio habilita la reparación histórica”
En la jornada 44 de este juicio por delitos de lesa humedad, el querellante. Juan Manuel Sivila, fue preciso cuando valoró la prueba acusatoria de Orlando Antonio Vargas, al enumerar actas, decretos, libros del penal, notas del Coronel Bulacios entre otros. El pedido final fue: cárcel común y efectiva, inhabilitación absoluta y perpetua, 25 años de prisión y costas.
Hizo un aparte por “tantas compañeras que sufrieron delitos sexuales” a fin de que todos los testimonios se remitan al juzgado de instrucción y solicitó que las actas de autoridades y jueces sean remitidas al juzgado que corresponda.
“Todo este juicio estuvo bajo la imagen de la tortura” dijo en referencia al crucifijo que preside la sala y finalizó con un pedido: “señores jueces, por los hijos de Pueblo solicito que se haga Justicia”.
“Dos siglos, dos genocidios”
Así resumió María José Castillo, abogada querellante en la causa que hoy fue la razón de los alegatos, “Luis Aredez y otros”, a las matanzas perpetradas por diferentes estados frente a pueblos que no pedían otras cosa más que una vida digna: la dictadura que mató obreros y estudiantes y la conquista que casi exterminó los pueblos originarios agregando que “la impunidad fue garantizada por este Poder Judicial.
En su exposición buscó el camino por donde Antonio Orlando Vargas, único imputado en la causa, fue elegido para ser director de la Cárcel en Jujuy, demostrando que no se elegía al azar sino muy por el contrario, los cargos determinantes los ocupaba personal militar capacitado y con aptitudes especificas.
Su exposición fue un recorte preciso de los testimonios vertidos en las audiencias a lo largo de este primer juicio, donde se afirmaba la inhumana situación de los detenidos y de quienes habían testificado la presencia de Luis Aredez en la cárcel. Precisó la colaboración fuera de toda ética del servicio penitenciario con el Ejército o la Policía. Del testimonio del ex juez Magnus Topp, resaltó su actitud cuando visitó la cárcel y comprobó la situación de los detenidos sin haber intentado nada.
Finalizo diciendo que esos testimonios demuestran que a partir de la asunción de Orlando Vargas como director del penal, aplicó un método de tortura y exterminio a los presos políticos, mantuvo detenidos en forma ilegal, permitió el ingreso de las distintas fuerzas al penal para interrogar a los detenidos. Y recordó, ante la proximidad del Día Internacional de la Mujer, a “las compañeras desaparecidas, a las compañeras que con ejemplo de coraje y perseverancia en la lucha han declarado en estas audiencias contando los horrores a que han sido sometidas en su condición de mujeres. Para ellas pedimos Justicia”.
“Los Juicios son una pedagogía”.
Continuó con el alegato en la jornada, el doctor Oscar Alberto Rodríguez, abogado por la querella de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos). Eligió la jurisprudencia existente, los trabajos teóricos de los que realizó citas textuales en un amplio espectro de la literatura jurídica para demostrar las faltas de cumplimiento de deber del director de la cárcel de Gorriti, Orlando Antonio Vargas o la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. “Los juicios son una pedagogía porque desde este escenario vemos la historia nacional”.
La audiencia de hoy viernes 7 corresponde al alegato por las causas “Julio Rolando Álvarez García” y “Reynaldo Aragón y otros”, por parte de los abogados María Paula Alvarez Carreras y Ariel Ruarte.

