Firme rechazo de abogados al proyecto de “democratizar la Justicia”

El titular del Colegio de Abogados de Jujuy, Mario Mallagray, hizo un pormenorizado análisis de los dichos de la presidenta, destacando que “el término democratización de la Justicia, que se ha arraizado en distintos medios, de comunicación, no es del todo feliz”.

En diálogo con Radio 2, Mallagray dijo que sorprendieron en medio de la Asamblea de Abogados del NOA, las palabras de la presidenta, donde se anuncia un proyecto de ley que estaría remitiendo al Congreso de la Nación, sobre la democratización  de la justicia y que incluye un paquete de medidas relacionadas con el funcionamiento del Poder Judicial Federal.

“Que se entienda  bien. Este es un proyecto federal porque toda ley que se sancione en el Congreso de la Nación es de aplicación exclusivamente para la Justicia Federal, tanto para  la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires como  para la Justicia Federal de las  distintas provincias del país y no comprende ni abarca a la Justicia provincial. Ustedes saben que nuestra Constitución Nacional ha delegado a las provincias la facultad de tener su propio sistema de Justicia”.

Reconoció Mallagray que el discurso no pasó desapercibido para la Mesa de la Federación del Colegio de Abogados ni para los presidentes de los colegios del Noa, que indiscutiblemente tuvieron que tratar y debatir el tema en extenso, “porque son temas de profunda raigambre social, atento a que la Justicia es uno de los servicios esenciales del estado de derecho” resaltó.

“Creo que el término democratización de la Justicia, que se ha arraizado en distintos medios de comunicación no es del todo feliz  y daría pensar que la Justicia no es democrática o es anti democrática cuando la Justicia  es uno de los poderes del Estado nacional y forma parte de la trilogía de poderes del Estado. Se podría decir en ese sentido, utilizando una  terminología poco feliz, que el Poder Ejecutivo es democrático y el judicial no. Nada más alejado de la realidad” valoró Mallagray acerca de los dichos de la presidenta.

Sobre lo que interpreta por “democratización de la Justicia”, el directivo evaluó: “La Justicia es democrática y por democratización de la Justicia lo que se quiere es introducir reformas para que la ciudadanía, la población, el ciudadano común, tengan un mayor acceso a la Justicia. Para que los trámites judiciales no demoren lo que demoran en la realidad, para que los ciudadanos tengan una repuesta judicial en tiempo y modos oportunos.

En ese sentido, dijo que hay muchas otras cuestiones nombradas por la mandataria, que los abogados apoyan, como la idea de incrementar los horarios de atención al público. “De esta manera se podrá hacer procuración a la mañana  y a la tarde, crear una cámara de casación penal, en los fueros laboral, civil, laboral y contencioso administrativo, además de la ya existente en el fuero penal. Hay cosas en que digamos que no creo que haya abogados en desacuerdo, con todo esto. Obviamente habrá que conocer la letra fina del proyecto de ley que todavía no ha sido remitido al Congreso, pero sí trascendió porque lo dijo ella misma que se estaría remitiendo un proyecto para que los representantes de los abogados o de los jueces en el Consejo de la Magistratura sean elegido por el voto popular”.

Según Mallagray se estaría desvalorizaando el rol de la Justicia y de la abogacía al compartir una boleta electoral. “Si nos incluye a nosotros en una lista, daría la impresión como que en una boleta sábana se va a elegir presidente, vice, senadores nacionales, diputados nacionales, gobernador, y vice, diputados provinciales, candidatos a ocupar una  vocalía en el Consejo de la Magistratura. Si se hace eso, cometeríamos el peor de nuestros errores, porque este tipo de reformas muchas veces vienen para quedarse, y en ese caso haría incurrir  a los abogados o eventualmente a los jueces o a los científicos o catedráticos en los mismos vicios de la política. Por lo tanto quedaríamos encasillados en la boleta del partido radical, en la del Partido Socialista,  en la cual el abogado, el magistrado o catedrático, perdería por completo  toda independencia de criterio y entraríamos comprendido dentro de una disciplina partidaria en el organismo que controla y nombra los integrantes de la Justicia Federal”.

Sobre la declaración de inconstitucionalidad al proyecto, Mallagray sostuvo que sería lo más adecuado, “porque en ese sentido estamos excediendo los términos de nuestra  Constitución Nacional que en ningún artículo establece que los miembros que integran el Consejo de la Magistratura por la abogacía o por la justicia, o por los claustros académicos, deben ser  elegidos por el voto popular. Y supongamos, por vía de hipótesis, que los abogados debamos ser elegidos por el voto popular; estaríamos violando la Constitución al excluir de ese de tipo de elección a otros estamentos”.

Finalmente consideró que “flaco favor le haríamos nosotros al Consejo de la Magistratura si perdiéramos nuestra independencia de criterio y quedaríamos enclaustrados dentro de lo que es un  disciplina partidaria y por lo tanto debiendo votar por la remoción o por  la introducción de jueces de la Justicia Federal de acuerdo al gusto y paladar del gobierno de turno, sea este o cualquier otro”.