Caso Limsa: A los concejales la basura les llega al cuello

Resulta que las tarifas que se aplican a los frentistas por parte de la empresa Limsa, se incrementan de manera unilateral. Limsa se ampara en un cuadro tarifario que figuraría en el Anexo M del contrato, cuadro tarifario que hasta ahora es guardado bajo el más estricto secreto en las oficinas de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Los desprotegidos vecinos de nuestra ciudad, primero acudieron al Defensor del Pueblo y el bueno de Víctor Galarza, con la celeridad que lo caracteriza, aún se debate entre lo que se debe hacer o la obediencia debida; mientras tanto Limsa avanza inexorablemente sobre los flácidos bolsillos de los jujeños.

El hartazgo de los vecinos se hace sentir en las redes sociales y en los programas de radio y TV.

El tema tarifario es el principal reclamo que llega hasta las redacciones de Radio 2, Canal 2 y Jujuy al Momento, habida cuenta que la tarifa de Limsa aumentó más de un 100% en el último año, cifra para nada nacional y popular si se tiene en cuenta el índice inflacionario, que el peor pronosticador de la corpo calcula en un 40% anual.

Para tratar de desmadrar la cuestión tarifaria, los oficiosos de siempre nos remiten al contrato de Limsa y al famoso cuadro tarifario del Anexo M, bendita herramienta que ni siquiera los concejales conocen. Los alineados con Gerardo Morales se escudan en que está todo en el expediente de adjudicación del servicio, y que el mismo ya fue analizado y estudiado por el Ejecutivo y la comisión de adjudicación del servicio.

Curiosa como toda mujer, Alejandra Mollón comenzó a preguntar, primero por el cuadro tarifario, luego por el contrato para finalmente plantear la ilegalidad en los aumentos tarifarios, argumentando que los mismos deben pasar indefectiblemente por el Concejo Deliberante, tal cual lo ordena la Carta Orgánica.

Al principio la única respuesta que se lograba por parte del oficialismo era que la edil estaba equivocada y mal informada, aunque nunca se explicaban los motivos de tal supuesta equivocación o mala información.

Las preguntas de Mollón generaron que desde este medio se comenzara a indagar más sobre los alcances del contrato de Limsa y los motivos de las escandalosas subas en las tarifas.

El concejal oficialista Juan Brajcich esbozó en el programa Sobremesa, que “la empresa Limsa renovó su contrato el año pasado, cuando se llamó a una nueva licitación y casualmente la única empresa que se volvió a presentar fue Limsa. Lo que surge de la modificación tarifaria, es que no hubo una modificación tarifaria, lo que existió fue un nuevo contrato con un nuevo cuadro tarifario que está en el Anexo M que fue aprobado por el Concejo Deliberante; en realidad lo que aprobó el CD fue un decreto acuerdo”.

Por su parte, el presidente del bloque de concejales radicales, José Luis Sánchez, con más problemas para explicar lo inexplicable, dijo en Radio 2: “Nosotros aprobamos el contrato donde está aprobado el cuadro tarifario; algunos concejales desconocen el tema y no estudiaron el contrato de adjudicación; deberían saber que el cuadro tarifario está a disposición de los concejales”

“El anexo M existe, no es como dice la oposicióny deben entender que el cuadro tarifario es el que establece los aumentos; en caso de modificarse ese cuadro tarifario debe ser aprobado por el concejo”, afirmó Sánchez.

La desorientación de los concejales oficialistas llegó al extremo de que Sánchez llegó a decir que “la Carta Orgánica dice que los servicios públicos deben ser adjudicados a privados…” (sic) En caso de ser como dice el edil, la comuna estaría incurriendo en una falta grave ya que la mitad del servicio de recolección se realiza por administración.

Por supuesto que la respuesta de Alejandra Mollón no se hizo esperar y en Radio 2 afirmó que es difícil decir lo contario a lo que dice la legislación. “Nunca vimos el cuadro tarifario; cuando lo solicitamos no lo mandaron. En estas circunstancias, cuando el Ejecutivo no remite la información, es muy difícil ejercer el control”, sostuvo.

“Sánchez reconoce que el cuadro tarifario autoriza los aumentos, pero eso está a contramano de lo que dice la carta orgánica; además nunca hubo una audiencia pública para determinar el aumento de la tarifa”, dijo Mollón.

La endeble línea argumental de los concejales de Morales se reafirma con los dichos de Brajcich, quien sostuvo que “lo que dice la Carta Orgánica es que las adecuaciones tarifarias deben ser aprobadas por el Concejo Deliberante, y esta no es considerada como una adecuación tarifaria ya que es un nuevo contrato. Termina un contrato y comienza otro contrato”.

Los avances que se van observando en el trabajo periodístico, arrojan que el génesis del problema está en la licitación misma, donde desde hace 22 años, Limsa es la única oferente para recolectar los residuos de una mitad de la ciudad.

“La empresa Limsa renovó su contrato el año pasado, cuando se llamó a una nueva licitación y casualmente la única empresa que se volvió a presentar fue Limsa. El principal problema es que la empresa es la que se encarga de la facturación y del cobro. En otras ciudades la que realiza esa tarea es la Municipalidad; ese creo que fue el problema para que no se presenten otras empresas” afirma Juan Brajcich y de sus dichos, algunos mal pensados podrían llegar a la legítima conclusión de que el hecho de que la empresa gestione su propio cobro puede ser interpretado como una cláusula cerrojo que impide que otros oferentes con mayor experiencia y solvencia puedan presentarse.

Luego de mucho preguntar y sortear los ataques de amnesia de Carlos Sadir y Lisandro Aguiar, el concejal justicialista Guillermo López Salgado dijo sin eufemismos que los dueños de Limsa eran la familia Rivarola.

“La empresa antes pertenecía a Pescarmona y luego la compra el diputado Rivarola” dijo por su parte Mollón.

La propiedad de la empresa en este caso no es anecdótica, es un dato relevante para lograr comprender una serie de casualidades y causalidades que tienen como víctima a los vecinos de San salvador de Jujuy.