Arde el deliberante capitalino
El tema más álgido del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy fue la denuncia presentada por la concejal Patricia Armella en contra del Secretario de Gobierno del Municipio, Carlos Toconás, a quien acusó de vender espacios en la vía pública a través de un familiar.
En este sentido, la Concejal de Lyder, Alejandra Mallón, pidió que se realizaran las denuncias correspondientes ante la justicia para dejar en claro qué es lo que realmente sucede; y dijo que si es necesario interpelar al funcionario, habrá que tener motivos concretos para hacerlo.
Después de la última sesión del Concejo, el edil Guillermo López Salgado también salió con los tapones en punta contra el oficialismo radica,l acusando que se rompieron las reglas tácitas de la convivencia democrática, al negar la reserva de varios proyectos del Partido Justicialista para su tratamiento.
En tanto, el Justicialismo quería tratar distintos pedidos de informes relacionados a la licitación del transporte, del servicio de higiene urbana y los fondos existentes para la construcción del Monumento al Bicentenario del Éxodo, pero el bloque radical según dijo el edil, les aplicó groseramente el físico.
“Desde lo personal considero que hemos tenido una sesión bastante bochornosa, porque hubo y se pasaron por varios temas. Los concejales del Justicialismo hicieron algunas denuncias y me preocupa la forma en que nos estamos manejando. Es de conocimiento público la denuncia de la Concejal Armella respecto al Secretario de Gobierno de la Municipalidad. Me preocupa y me interesa salir a los medios para que todas estas cosas vayan por los canales correspondientes”, afirmó la Concejal Alejandra Mallón, en diálogo con Radio 2.
Aclaró la edil que la denuncia sobrevino por la venta de espacio pública por parte de un familiar de un funcionario municipal. “Es muy grave lo que se dice y me parece que esto hay que llevarlo a la justicia y hacer la denuncia en los lugares que corresponda", dijo y advirtió: "No podemos perder tiempo en estas cosas. Hay que poner blanco sobre negro, y si esto sucede vamos a la justicia”.
Recordó Mallón que “en su momento el partido Lyder cuando vimos un ilícito con la tarjeta Noa y el Instituto de Seguros, sin tener fueros fuimos a la justicia y hicimos la denuncia correspondiente. El gobernador dictó un decreto, se dejó sin efecto el convenio y solucionamos un problema de la gente. El problema es que si esto sucede, es la gente la que se perjudica, al margen quien sea el que está causando el ilícito”.
Aclaró que si es necesario que el Secretario tenga que ir al Concejo que lo haga. Sin embargo, manifestó: “hagamos la denuncia como corresponde para acortar en los tiempos y para ir directamente al fondo de la cuestión”.
Recordemos que en la última sesión del deliberante, celebrada anticipadamente el miércoles, la concejal Patricia Armella pidió que se convoque al secretario de Gobierno de la Municipalidad Carlos Toconás, para que brinde explicaciones de informes sobre la posible venta, concesión, alquiler o contrato de espacios públicos ubicado en calle Zegada y en calle Santiago del Estero para la venta ambulante o fija.
La denuncia nació a partir de declaraciones realizadas a un medio informativo, por la vendedora Marcela Vargas, quien dijo que un tal Daniel Cayo, que sería familiar del Secretario de Gobierno Carlos Toconás, es el que maneja “como quiere” la Dirección de Control Comercial y ha sido el artífice de la comercialización de espacios en la vía pública”.
“Acá hay una corrupción que se quiere tapar desde el Municipio, avalando a los nuevos vendedores”, había dicho Marcela Vargas, señalando luego que el “yerno de Toconas” quiere que se queden los nuevos, o sea quienes pagaron por los espacios.
El bloque de la UCR impidió con su mayoría propia que el Concejal Guillermo López Salgado, avanzara con sus intensiones de imponer el tratamiento de distintos pedidos de informes sobre la licitación del transporte, el servicio de higiene urbana y los fondos existentes para la construcción del Monumento al Bicentenario del Éxodo.
Otro de los puntos que el PJ quería debatir era un proyecto sobre el abono social, presentado por López Salgado, a fin de no poner restricciones a todas aquellas personas de escasos recursos que necesiten acceder a dicho beneficio.
En la sesión tuvo ingreso el decreto 942/12 del Ejecutivo municipal que modifica el anterior (557/12) de reglamentación del abono del transporte de pasajeros.
Pero el edil capitalino sostuvo que, a pesar de haberse disminuido la cantidad de abonos que puede comprar una organización para sus afiliados, “no alcanza” puesto que la norma sigue siendo restrictivo y no universal como se había dicho oportunamente.
La iniciativa de López Salgado, propugnaba que para acceder al abono social el usuario únicamente deberá acreditar de modo fehaciente y no percibir ingresos superiores al equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil, y además establece en 60 días su validez, y no en 30 como el decreto del Ejecutivo que le restringe a su tenedor tiempo para usarlo.
El concejal advirtió: “ninguna mayoría me va a poner una mordaza y vamos a dejar sentada nuestra posición en las cuestiones previas al orden del día con los temas que consideremos deben tratarse”.