Los simuladores
Cuando un gobierno llega al poder invocando la tradición democrática y el legado de figuras asociadas a la recuperación institucional, como el expresidente Raúl Alfonsín, pero luego comienza a alejarse de esos principios, se produce una profunda tensión entre el discurso de origen y las prácticas efectivas de gestión.
Es en ese contraste donde suelen aparecer las críticas más severas, especialmente cuando se percibe que la promesa de fortalecer la República se transforma en una dinámica de concentración del poder, debilitamiento de los organismos de control y uso discrecional de las instituciones. En ese contexto, la idea de una traición al mandato democrático no remite únicamente a una cuestión simbólica, sino también a la sensación de que los valores proclamados fueron reemplazados por lógicas de conveniencia política y, en algunos casos, por prácticas opacas asociadas a la corrupción o al intercambio de favores.
Estas percepciones erosionan la confianza de la ciudadanía y debilitan al sistema democrático en su conjunto.
El problema de fondo es cómo evitar que el ejercicio del poder derive en prácticas que contradigan los principios democráticos que originalmente lo justificaron. Precisamente, para muchos observadores, en ese punto termina el proyecto radical que gobierna Jujuy desde hace casi dos décadas.
No alcanza con reivindicar una tradición política para ser fiel a ella. Los partidos no se definen únicamente por su nombre o por su historia, sino por la coherencia entre los principios que dicen defender y las prácticas que llevan adelante cuando ejercen el poder.
Desde esa perspectiva, hay quienes sostienen que determinados dirigentes dejaron de representar el legado histórico del radicalismo. Así lo afirmó el referente de CONFIAR en Jujuy: "Estos muchachos no son radicales; nada tienen que ver con el legado de Arturo Frondizi e Hipólito Yrigoyen". Un legado asociado a la defensa de las instituciones, la división de poderes, el respeto por las libertades y la ética en la función pública.
La crítica apunta a que, en lugar de fortalecer esos valores, se privilegió la construcción de un esquema de poder basado en la concentración de decisiones, el disciplinamiento político y una lógica de administración del Estado donde el manejo discrecional de los recursos terminó desplazando el interés general.
Algunos incluso sostienen que se ha transformado al gobierno en un sistema de administración de coimas, al entender que, cuando la transparencia deja de ser una prioridad, la política pierde legitimidad y el Estado deja de cumplir su función esencial.
De esa manera, terminaron vaciando de contenido la identidad que decían representar. Cuando la sociedad percibe que los principios son desplazados por la conveniencia, que la ética cede frente al cálculo político y que el Estado se convierte en una herramienta para consolidar poder antes que para servir a los ciudadanos, crece el desencanto, se debilita la democracia y se profundiza la distancia entre la dirigencia y la gente.