AMIA: Indagarán esta semana a Menem
Menem debería sentarse en el banquillo de los acusados el próximo
jueves, pero el ex presidente, de 85 años, ya cuenta con una
autorización para no estar en la sala de audiencias fundada en el
deterioro de su salud y podrá atender a esa instancia por
videoconferencia desde su domicilio.
A 21 años de la voladura, que causó 85 muertos y cientos de heridos, el
ex presidente también tendrá derecho a no declarar y hacerlo recién
cuando su defensa técnica lo considere conveniente, garantía que ampara a
los otros doce acusados en este juicio oral.
Menem deberá responder al reclamo de la fiscalía y seis querellas por su
orden de cesar la pesquisa sobre la llamada “pista siria”, que
involucraba al empresario Alberto Kanoore Edul (hijo), cuyos contactos
con el agregado cultural iraní Moshen Rabbani, lo colocaban en el centro
de la investigación.
Según el requerimiento de elevación a juicio del fallecido fiscal
Alberto Nisman, el entonces presidente dio esa directiva luego de que el
padre homónimo de Alberto Kanoore Edul se entrevistara el 1 de agosto
de 1994 en Casa de Gobierno con su hermano Munir Menem (fallecido), y le
pidiera el fin de la pesquisa sobre su hijo.
Para los familiares de las víctimas reunidas en Apemia, esa pista basada
en escuchas y otros indicios fehacientes “acercaba la investigación al
círculo íntimo presidencial”, y constituía “un escándalo que ponía en
riesgo la propia continuidad del gobierno”.
Además de Menem, están acusados por el encubrimiento el entonces titular
de la Side, Hugo Anzorreguy, que la semana pasada siguió la audiencia
desde una sala contigua al tribunal, luego de seguir la apertura por
videoconferencia desde un sanatorio donde se encontraba internado.
También será indagado el juez destituido Juan José Galeano, acusado de
cesar las escuchas que él mismo había ordenado, perder y desechar
pruebas y pagarle 400.000 dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín
para que involucrara falsamente a cuatro policías bonaerenses.
La causa por encubrimiento del atentado a la AMIA se inició en febrero
de 2000, a raíz de las declaraciones públicas del ex prosecretario del
juez Galeano, Claudio Lifschitz, quien reveló el ex juez y el gobierno
habían acordado “plantar” la pista que dirigía hacia los policías para
desviar la investigación que llevaba a la familia Kanoore Edul.
El Tribunal Oral Federal 3 lo convalidó cuatro años después, anulando
por completo la instrucción de Galeano y el juicio, y absolviendo a los
bonaerenses que pasaron casi nueve años presos y ahora querellan a
Galeano y a los fiscales Eamon Mull y Jose Barbachia, que pidieron su
detención.
La causa por encubrimiento fue instruida por el juez federal Ariel Lijo
luego de que en el 2005 la Cámara apartara el sorteado Claudio Bonadio
por inactividad.