A contramano de la realidad, el Gobierno avanza con la reforma constitucional
Mientras tanto los problemas se multiplican en la provincia: la falta de agua potable; miles de choferes de taxi sin otra alternativa laboral que el transporte ilegal; el pésimo estado de las escuelas en el interior de la provincia; la crisis en la salud pública; el reclamo de los trabajadores estatales, son sólo los conflictos más recientes que estallaron en la puerta de Casa de Gobierno jornadas atrás. Desde mañana los trabajadores nucleados en la Intersindical realizarán un nuevo paro por 72 horas.
El Gobierno, sorprendido ante cada trance, evidenció reacciones espasmódicas a través de funcionarios que lejos de plantear soluciones buscaron aplazar los problemas para más adelante, puesto que la prioridad aparenta ser el abstracto proyecto de reforma.
En la comisión de notables que se encuentra abocada a diseñar los cambios constitucionales que impulsa Eduardo Fellner, se observa a funcionarios y legisladores cuyas gestiones muestran pronunciadas carencias.
El caso más emblemático es el del secretario de Prevención contra la Drogadicción y el Narcotráfico, Eduardo Huascar Alderete, quien participa activamente en la mesa encargada de proponer la reforma constitucional, mientras miles de jóvenes en toda la provincia son víctimas de la droga y el narcotráfico.
Otros voceros de la reforma, intentan defender el proyecto con múltiples argumentos que van desde el desarrollo de la provincia hasta la actualización de la carta magna provincial, aunque evitan explicar porqué obviaron aplicar todos estos años los preceptos que la Constitución vigente establece.
Dice el preámbulo de la Constitución actual que sus objetivos son: reafirmar el federalismo y la autonomía municipal, pero en sus 16 años en el poder, Fellner nunca impulsó la sanción de una Ley de Coparticipación Municipal y Jujuy es la única provincia que carece de ella.
También establece mantener el orden interno, sin embargo la provincia convive con la convulsión social desde hace décadas; afianzar la Justicia, sin embargo existen 128 mil causas penales sin resolver a punto de prescribir; fomentar la cooperación y solidaridad en una sociedad sin privilegiados, aunque la falta de transparencia en las reparticiones públicas ha sido la regla durante todos estos años.
Ninguno de los actuales mentores de la reforma de la Constitución explica por qué el actual Gobierno no ha podido cumplir con el mandato constitucional que ya está escrito en la norma vigente.
Mientras tanto, la realidad avanza con el peso de los múltiples problemas irresueltos. Los trabajadores estatales se encuentran embarcados en una nueva espiral de conflictividad que ya anticipó la profundización de las medidas de fuerza para esta semana.
Los cortes de agua siguen siendo una constante y los pueblos que carecen de este vital servicio siguen allí como si nada. Mientras esto ocurre, el Gobierno piensa sólo en una cosa: la estrategia para conservar el poder.