A 15 años de su sanción, Jujuy nunca cumplió con la Ley de Ética Pública

“Con trabajo, sinceridad y honestidad, nos vamos a ganar el respeto del pueblo”. La frase, con tono de arenga, fue dirigida por el gobernador Eduardo Fellner a sus ministros, en el inicio de su tercer mandato, en diciembre de 2011.

Pese a que la palabra honestidad se incluía en aquella expresión que daba inicio a una nueva etapa de gobierno, gran parte de la sociedad mira con escepticismo, en el mejor de los casos, el nivel de transparencia con que el grupo de poder que lidera Fellner administra los recursos de la provincia. En otras circunstancias, la gente, consultada ocasionalmente, directamente condena la falta de claridad en el manejo de las cuentas públicas.

El interrogante sobre el nivel de corrupción que existe en la provincia de Jujuy es recurrente, aunque lo cierto es que durante todos los años en que este grupo de dirigentes se mantuvo en la Casa de Gobierno, no ha avanzado en la Justicia ninguno de los escasos expedientes que cuestionaron el accionar de los funcionarios de turno.

Esto sin embargo, para muchos referentes gremiales y de la oposición en la provincia, no es sinónimo de ejemplaridad en la función pública, si no por el contrario, se debe a que buena parte de los sistemas de control están cooptados u obstaculizados de diferentes maneras, con el objetivo de impedir el avance en las revisiones del desempeño de los funcionarios o de la información que surge de la actividad en la administración pública.

Un ejemplo de ello es la denominada ley de Ética Pública. Fue sancionada en Julio de 1999, con un contenido similar a la normativa que rige a nivel nacional, aunque con sutiles diferencias.

Esta norma pone el foco en la evolución patrimonial de cada uno de los agentes de la Administración Pública, desde el gobernador hasta funcionarios de menor rango y exige que dicha información se actualice anualmente. Establece las incompatibilidades entre su cargo y los ingresos que puedan percibir en la actividad privada y contempla un régimen de sanciones.

Sin embargo, a lo largo de toda la administración fellnerista, con la mentada década ganada en el medio y los diez años en que - según el propio

Fellner reconoce - ingresaron a la provincia la mayor cantidad de recursos

de toda su historia, esta ley clave para el cuidado de los fondos en épocas de abundancia, nunca fue puesta en funcionamiento.

El motivo de tal falencia fue que la propia ley deja en manos de una comisión, la Comisión Provincial de Ética Pública, el cumplimiento de todos sus principios.

Sin embargo, la falta de voluntad política, hizo que la misma jamás fuera creada, a pesar de los recurrentes pedidos de la oposición.

“Debe corregirse esta falencia sin más demora a fin de salir de la situación de incumplimiento y cubrir el vacío existente, adoptando todas las políticas que la provincia se ha comprometido a implementar y está obligada además por una ley de la misma provincia, en materia de transparencia y lucha contra la corrupción”, afirma el diputado de la Unión Cívica Radical, Pablo Baca, autor de numerosas iniciativas que apuntan a la puesta en funcionamiento de esta ley, como de otros proyectos que buscan garantizar la transparencia, los que fracasaron en la Legislatura de la provincia por negativa de los diputados del Frente Para la Victoria.

La ley de Ética Pública dispone que cada funcionario declare los bienes inmuebles que posee y las mejoras que realiza en el mismo; el monto de los depósitos bancarios y la tenencia de dinero en efectivo en moneda nacional o extranjera; el capital invertido en títulos, acciones, bonos y demás valores y los ingresos por rentas, entre otros ítems que dan la pauta para determinar si existe un enriquecimiento ilícito de quien pasa la función pública.

Año tras año, vemos cómo se transforman en noticia las posesiones de las figuras más representativas de la política nacional, empezando por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a quien los analistas calculan la evolución de su patrimonio cada vez que la Oficina Anticorrupción publica su declaración jurada.

En Jujuy, la fortuna de quienes detentan el poder, desde hace décadas en la mayoría de los casos, es una incógnita.