El poder y la resistencia

Sus múltiples facetas han dejado huella, casi sin interrupción, a lo largo de los siglos, hasta llegar a nuestros días. Sin embargo, es lamentable constatar que su importancia no ha sido suficientemente reconocida en los ámbitos teóricos de la política y el derecho.

La resistencia política es mucho más que un simple acto de oposición. Es un grito de dignidad en medio de la opresión, una voz valiente que se alza contra las injusticias y los abusos de poder. Es el respiro de los oprimidos, la chispa que enciende la esperanza en los corazones cansados. Es la fuerza indomable que se niega a someterse, el latido rebelde que desafía las imposiciones impuestas por aquellos que ostentan el poder.

A lo largo de los tiempos, la resistencia política ha tomado diversas formas y ha sido encabezada por individuos y colectivos que han osado enfrentarse a la maquinaria implacable de la dominación. Desde los movimientos de liberación nacional hasta las luchas por los derechos civiles, pasando por las revoluciones sociales y los levantamientos populares, la resistencia política ha tejido una red de historias entrelazadas, de sueños y sacrificios compartidos.

Sin embargo, es sorprendente que a pesar de su importancia y trascendencia, la resistencia política no haya recibido la atención teórica y académica que merece. Las ciencias políticas y jurídicas, en su afán por clasificar y sistematizar, han pasado por alto este fenómeno fundamental. Han preferido centrarse en el análisis de las estructuras de poder y en las dinámicas institucionales, relegando a un segundo plano la voz del pueblo, la rebeldía de los marginados y la lucha incansable por la justicia y la igualdad.

Es hora de que pongamos en relieve la resistencia política como objeto de estudio y reflexión. Es imperativo comprender sus raíces históricas, sus motivaciones profundas y sus impactos transformadores. Debemos explorar las estrategias utilizadas por aquellos que han desafiado los sistemas de opresión y analizar los obstáculos que han enfrentado en su búsqueda de libertad y justicia.

La resistencia política nos enseña que no debemos ser meros espectadores en la obra de la historia, sino actores conscientes y comprometidos. Nos muestra que el poder no es un monolito inquebrantable, sino una construcción social que puede ser cuestionada y transformada. Nos invita a repensar las relaciones de poder, a imaginar nuevas formas de convivencia y a luchar por un mundo más justo y equitativo.

En la vasta historia de la humanidad, resulta arduo encontrar un poder que no haya suscitado algún grado de resistencia, por mínimo que sea.

De igual manera, resulta inconcebible una resistencia en ausencia de poder. Así, el poder engendra resistencia, y ésta no existe sin la presencia del primero.

Nos encontramos ante una relación dialéctica. Por ende, comprender el poder se torna imprescindible si deseamos adentrarnos en el estudio de la resistencia.

Sin embargo, esta tarea se vislumbra ardua, pues el poder es uno de los fenómenos más complejos de la sociedad. No obstante, en este comprimido texto, es posible delinear algunos rasgos generales, pertinentes para la presente exposición.

Dado su carácter complejo, las explicaciones monistas resultan insuficientes, aquellas que atribuyen de manera lineal el poder político al poder económico.

Tales posturas se inscriben en un marxismo simplista que ignora la riqueza analítica de esta teoría social. No obstante, del propio marxismo surgen hipótesis más integrales sobre el poder, como la propuesta por Antonio Gramsci, quien aporta una perspectiva que trasciende lo económico y propone la categoría de hegemonía para referirse al poder ejercido por los grupos dominantes en la dimensión ideológica y cultural de la sociedad.

En la actualidad, en Jujuy, este poderoso bloque aplica eficazmente la teoría gramsciana, aunque no hayan leído sus obras. Cuentan con sus propios ejércitos de intelectuales orgánicos, quienes trabajan incansablemente en la prensa, las instituciones educativas, las iglesias, las empresas, las actividades de entretenimiento y en todo tipo de relaciones sociales, inculcando profunda y sutilemente los valores que les convienen. Este es un pilar fundamental para mantener y reproducir su dominio sobre la sociedad.

El poder no se ejerce únicamente en las esferas económicas, sociales y culturales. Se encuentra presente de manera poderosa en las relaciones interpersonales, y esta es una de las valiosas contribuciones de Foucault, quien también estudia la resistencia y sostiene que cada individuo posee en su ser un potencial para resistir.

En tiempos turbulentos, en los que la voz de muchos ha sido silenciada, apostamos por el diálogo y consideramos que es momento de otorgarle la palabra a aquellos que hasta ahora han permanecido en el anonimato en medio del conflicto que nos envuelve.

Sin embargo, el diálogo no puede convertirse en un acuerdo entre élites que sacrifiquen los derechos de todos. No podemos permitir que los acuerdos resulten en la negación de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

En este sentido, ningún diálogo político o acuerdo puede negar o suprimir el ejercicio de los derechos constitucionales, como el derecho al Referendo Revocatorio.

Si nuestra Constitución otorga a los ciudadanos la posibilidad de decidir si un gobernante o una norma continúa o no, ¿por qué negar ese derecho o permitir que sea confiscado? ¿Por qué insistir en negarles voz a los ciudadanos comunes? ¿Por qué aquellos más afectados por la crisis no tienen el derecho de elegir el camino para resolverla?

Para nosotros, el diálogo no puede ni debe ser un pacto exclusivo de las élites, con es en la provincia, debe ser un espacio donde se reconozca a todos y, sobre todo, donde se garanticen plenamente las libertades democráticas.

El diálogo y la movilización no son mutuamente excluyentes, al contrario, se complementan y se convierten en mecanismos indispensables para que, a través de la presión y el clamor de la ciudadanía, y la opinión pública nacional, un gobierno autoritario como el de Gerardo Morales se vea obligado a someterse a las reglas de la democracia y a respetar los mecanismos de participación previstos en la Constitución Nacional.

La democracia y los derechos humanos son inseparables. En contextos no democráticos no existen los derechos humanos.

Para fortalecer la democracia y alejarla de las tentaciones autoritarias, es imprescindible fomentar la participación y la movilización ciudadana.

Debemos confiar en la conjunto y escucharla atentamente. Las organizaciones de derechos humanos no son actores políticos que favorecen a uno u otro sector, sino que son instrumentos para acompañar y promover la participación y la organización social en defensa de los derechos.

Deben trabajar para incidir ante las instituciones estatales y lograr que adopten y desarrollen políticas públicas en favor de los derechos humanos.

También ayudar a que, a través de la denuncia y la visibilización, las víctimas se conviertan en protagonistas en los procesos de exigencia y búsqueda de justicia frente a los abusos y omisiones cometidos por las autoridades en el ejercicio de sus funciones.

En momentos como los que vivimos, dar un paso al frente y posicionarnos a favor de la democracia.

Por ello, seguiremos promoviendo espacios de articulación social desde abajo, para reconstruir el tejido asociativo, superar la polarización y amplificar la voz de aquellos que siempre han tenido mucho que decir, pero rara vez han sido escuchados.

Confiamos en la gente. Creemos en el poder creativo del pueblo, por eso, siempre estaremos al lado de las víctimas y de sus demandas. Y si en esta etapa de la historia de Jujuy, la exigencia justa es más democracia y derechos humanos, estaremos allí para contribuir a construir la resistencia popular contra el autoritarismo. Las Naciones Unidas han afirmado que los levantamientos populares en todo el mundo han logrado abrir espacios para la participación ciudadana en la toma de decisiones, siendo un clamor en favor de elecciones, participación, transparencia y respeto por un espacio democrático.

Por lo tanto, la movilización pacífica y ciudadana adquiere una importancia vital para recuperar y consolidar el Estado de Derecho.