La pobreza infantil es una deuda social que no se puede ignorar
En un contexto de crisis económica y social cada vez más profunda, la situación de los chicos en Argentina se ha convertido en una verdadera emergencia.
Un reciente análisis presentado por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), en conjunto con el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (ODSA) y el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, ha puesto sobre la mesa datos alarmantes que describen una realidad devastadora para la infancia en el país.
El informe, difundido en el marco del Día de las Infancias, resalta cómo la pobreza infantil y la emergencia alimentaria se han intensificado, afectando gravemente la salud y el bienestar de los más jóvenes.
El documento subraya que las condiciones socioeconómicas desfavorables no solo han impactado en la alimentación y la salud de los niños, sino que también han ampliado las brechas en el acceso a la educación y a otros derechos fundamentales. “La crisis económica, social y la pobreza, profundizadas en el último quinquenio, exponen inequidades toleradas hasta ahora por parte de nuestra sociedad, no solo en cuestiones sanitarias, sino también en el ámbito social, económico y educativo, que han afectado a las poblaciones más vulnerables”, señalaron los expertos involucrados en el análisis.
La situación es más que preocupante. El informe destaca que los índices de pobreza infantil han alcanzado niveles históricos, a la par que la emergencia alimentaria es una problemática que amenaza con dejar secuelas irreversibles en las generaciones más jóvenes. Ser pobre implica ser invisible a toda la sociedad. Ser un niño pobre es ser aún más invisible, advierten con firmeza los especialistas.
Esta problemática no solo afecta el presente, sino que compromete el futuro del país. En ese sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, a los cuales Argentina adhiere, establecieron metas fundamentales para el año 2030 que impactan directamente en la niñez y adolescencia. Entre ellos, los objetivos de “Fin de la pobreza”, “Hambre cero”, “Salud y bienestar”, “Educación de calidad” e “Igualdad de género” son claves para asegurar un desarrollo integral de los menores.
Uno de los puntos más alarmantes del informe es la creciente inseguridad alimentaria que afecta al 64,5% de niños y adolescentes en Argentina, una cifra que ha venido en aumento desde 2004. Desde 2002, la emergencia alimentaria en nuestro país, establecida por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 108/2002, refleja de manera aguda la inequidad social, afectando especialmente a los sectores más desfavorecidos y a la infancia y adolescencia, enfatizaron los pediatras, quienes remarcaron que una alimentación inadecuada impacta negativamente en el crecimiento, el desarrollo y la salud integral.
Frente a este escenario, los especialistas coincidieron en la urgencia de tomar medidas que sean sostenibles en el tiempo y que enfrenten de manera estructural esta situación.
Además de los desafíos en torno a la alimentación, los expertos también alertaron sobre una creciente vulnerabilidad en la protección de los niños contra enfermedades que anteriormente habían sido controladas gracias a las vacunas. En los últimos años, Argentina ha registrado nuevamente casos de enfermedades prevenibles, como el sarampión, situación que los especialistas consideran alarmante.
A pesar de la lenta recuperación tras la pandemia, las tasas de vacunación en lactantes para completar el esquema primario siguen siendo igual o menores al 80%, 15 puntos por debajo del objetivo óptimo del 95% necesario para lograr una cobertura universal o de rebaño, explicaron desde la SAP.
Según datos oficiales, hacia finales de 2023, 112.000 niños de entre 0 y 5 años no habían recibido ninguna vacuna, mientras que 37.000 tenían su esquema incompleto. Esta brecha supone un riesgo significativo para la salud pública en general y para los niños en particular, con posibles consecuencias en el aumento de casos de enfermedades prevenibles por vacunación.
La pobreza infantil en el tercer trimestre de 2023 se estima en un 55% a nivel nacional, con jurisdicciones que superan el 80%, mientras que la indigencia alcanza el 15,7%, con proyecciones en aumento para 2024. Más de la mitad (51,4%) de los chicos de 0 a 14 años son pobres. Esta situación, advierten los especialistas, vulnera profundamente los derechos humanos y los derechos de la niñez, limitando el acceso a salud, educación, vivienda y seguridad social, además de restringir la igualdad de oportunidades para una vida digna.
Es crucial que la sociedad reconozca la necesidad urgente de reducir la pobreza infantil en todas sus formas. Abordar esta cuestión debe ser una prioridad nacional, con un enfoque integral en la niñez y adolescencia.
En esa línea, el informe también revela que, a pesar de un leve descenso en la tasa nacional de mortalidad infantil, que en 2021 fue de 8 por cada 1.000 nacidos vivos, el problema persiste en algunas jurisdicciones con tasas superiores a la media. El análisis muestra que este descenso se logró principalmente a expensas de la reducción en la mortalidad neonatal, sin grandes mejoras en el periodo postneonatal. De hecho, el 73,2% de los niños menores de un año fallecidos en sus hogares pertenecen a familias con necesidades básicas insatisfechas.
La pobreza y la exclusión social impactan de manera directa en el acceso a la educación de los chicos. Las políticas actuales no aseguran la continuidad escolar ni garantizan una educación de calidad en contextos de pobreza. Este es un problema estructural que afecta principalmente a los sectores más vulnerables. Aunque la mayoría de los niños de entre seis y 17 años en entornos urbanos asisten a escuelas estatales, los niños de entre tres y cinco años pertenecientes al estrato social más bajo tienen 3,5 veces menos posibilidades de asistir a un centro educativo, en comparación con sus pares de estratos medios o altos. Además, los adolescentes de estratos bajos tienen casi cinco veces más probabilidades de estar fuera de la escuela o en “sobre edad”, lo que evidencia un desfasaje en su trayectoria escolar.
El informe revela que el 53,6% de estos jóvenes no asiste a la secundaria, lo que compromete seriamente su futuro.
Las pruebas Aprender han expuesto otra arista de la crisis educativa: siete de cada diez jóvenes que terminan la escuela secundaria no alcanzan niveles satisfactorios en matemáticas, y cuatro de cada diez tienen dificultades en lengua. Estas carencias educativas comprometen seriamente las oportunidades de los adolescentes para integrarse al mundo laboral y perpetúan el círculo vicioso de la pobreza.
Otro aspecto crítico abordado en el informe es el aumento de emergencias de salud mental y conductual entre niños y jóvenes. Los versados señalaron que es fundamental reducir el estigma asociado a estos problemas y asegurar el acceso a servicios de salud mental de calidad. La SAP destacó un dato estremecedor: en 2020, se registraron 383 suicidios entre adolescentes en Argentina, de los cuales el 90% ocurrieron en el grupo de 15 a 19 años, siendo el suicidio la principal causa externa de muerte en ese rango de edad. Esta cifra es más de ocho veces superior a la tasa de suicidios entre niños de 10 a 14 años.
Las condiciones socioeconómicas desfavorables pueden provocar trastornos físicos y mentales en los niños, como trastornos del desarrollo, problemas alimentarios e intentos de suicidio. Es vital promover un entorno de apoyo y aumentar la inversión en salud pediátrica, especialmente en salud mental.
Desde 2010, el consumo de alcohol y drogas ilícitas ha aumentado, especialmente tras la pandemia. La mitad de los adolescentes de 16 a 17 años ha bebido alcohol en el último mes, y cuatro de cada diez adolescentes de entre 13 y 17 años ha probado drogas ilegales antes de los 14 años.
Otro desafío significativo en Argentina es el embarazo adolescente: el 70,8% de los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años son no intencionales, y esta cifra sube al 80% en menores de 15 años, a menudo debido a abuso sexual. Los embarazos en la adolescencia son más frecuentes entre quienes tienen menor nivel educativo, reflejando desigualdades sociales y económicas previas. Estos embarazos no intencionales están estrechamente relacionados con la deserción escolar y limitan las oportunidades laborales futuras para las madres adolescentes.
Finalmente, los expertos destacaron la importancia de la Educación Sexual Integral para prevenir embarazos adolescentes y abuso sexual, aunque su implementación efectiva sigue siendo una deuda pendiente en Argentina.
Con la mirada puesta en 2030, aún queda mucho por hacer para alcanzar los ODS. Para lograr el hambre cero y asegurar una buena salud y bienestar para todos, es crucial abordar de manera efectiva las inequidades sociales, educativas y de salud que enfrentan la niñez y la adolescencia en Argentina. La SAP concluyó su mensaje con un compromiso: "Por una niñez y adolescencia sanas, en un mundo mejor".