La odisea de conseguir un plan social sin "padrino"
En medio del aumento de la pobreza en Jujuy, la entrega y el manejo de planes sociales quedó bajo la lupa. Organizaciones sociales y grupos políticos se disputan la administración de recursos.
- ¿Se puede conseguir un plan social sin pertener a una organización o partido?
- Un diputado de la oposición señaló que el manejo de recursos constituye toda una pelea política.
- Sostuvo que el manejo de los planes por parte de estos grupos genera precarización laboral.
En un contexto de pobreza en aumento, tal como lo reflejan las cifras del INDEC, saber quién y cómo se maneja la ayuda social en Jujuy cobró vital importancia teniendo en cuenta las más de 144 mil personas que en el aglomerado San Salvador de Jujuy-Palpalá no tienen los ingresos suficientes para satisfacer ciertas necesidades, sobre todo alimentarias.
Consultado al respecto, un diputado de la oposición develó un panorama en el cual el manejo de esos recursos queda bajo la lupa, al menos teniendo en cuenta la incumbencia de organizaciones sociales y grupos políticos, los montos y las condiciones de precarización laboral que pueden generar, más alla de que hayan sido pensados en principio como ayuda para familias de bajos recursos.
Iñaki Aldasoro, diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), explicó que en Jujuy existe un “universo de diferentes programas” tanto de capacitación laboral, ingresos a empleo, entre otros, en todos los casos conocidos como planes sociales, los cuales idealmente se entregan teniendo en cuenta “un empadronamiento de gente que está en ciertas condiciones: desocupados, atravesando un cuadro de pobreza y miseria”, padrón que luego se cruza con el de organismos oficiales “para ver que no reciban otro beneficio que sea incompatible”.
Cabe remarcar que ese es el proceso ideal. Es que, tal como manifestó Aldasoro, ahí empieza la “lucha política por ver cómo se terminan distribuyendo esos recursos, para tratar de arrancar estos tipos de beneficios que son mínimos para sostener a familias que quedaron fuera del mundo laboral”.
Hasta allí las dos primeras cuestiones, referidas a los grupos sociales y políticos implicados en el manejo de los recursos, que de por sí son mínimos –basta recordar, por ejemplo, las tarjetas alimentarias que entrega el gobierno, cargadas con $550 para cada familia-, para luego devenir en condiciones de precariedad laboral.
“Se utilizan estos planes sociales para tener trabajadores de segunda, en el sentido que se les paga un ingreso mucho menor al que correspondería por determinados trabajos. Por ejemplo, el plan Argentina Trabaja: los obligan a hacer determinada prestación, una cantidad de horas semanales, que si tuvieran que hacerlo bajo el convenio de trabajo de la rama que realizan sería un ingreso superior. Hay gente que hace trabajo de mantenimiento, vinculado a la constrcucción, que si tuvieran que recibir un ingreso conforme al convenio colectivo de esa actividad, sería mucho mayor“, expuso.
Además, afirmó que a una persona que no tiene trabajo o los ingresos suficientes para mantenerse día a día se le hace casi imposible conseguir algún beneficio del Estado si no lo hace bajo el ala de algún espacio político u organización social que se disputan “la administración de la miseria”.
Frente a este panorama, un contexto de reparto de la miseria y peleas entre grupos sociales y políticos por ver cómo se administra la pobreza, Aldasoro consideró como una posible solución “los viejos planteos del movimiento piquetero”: reparto de las horas de trabajo, un seguro de desempleo, generación de trabajo genuino e incluso una bolsa de trabajo en los barrios para las obras de los barrios.