El calvario inició el último viernes de 2024, cuando sin papeles, autorización judicial o algún otro respaldo legal, más de una docena de agentes de la policía ingresaron junto con maquinaría pesada, únicamente amparados por un fallo de primera instancia en un juicio posesorio que entre la familia Ibáñez no hay dudas que fue amañado.
“Me han querido reprender, por poco no le pasan con la máquina por encima a mi hija, así empezaron a arrasar con todo el alambrado y algunos animales fueron saliendo hacia la ruta”, explicó el damnificado sobre lo ocurrido en Hornillos, sobre Ruta Provincial N° 10 al lado del Parque Industrial de Perico.
Un grupo de abogados también se acercó para interpelar a los poseedores, acusándolos de usurpadores, a pesar de contar con elementos probatorios de su posesión incluso anteriores a las cesiones de tierras realizadas por Plinio Zabala. No obstante la información es escasa, porque el equipo letrado del gobierno tampoco anticipó cuál es el destino proyectado para el lugar, aunque se presume será explotado por el sector privado.
No se si esta es una avanzada de Morales, del actual gobernador o del administrador de Finca El Pongo, están metidos un montón que no quieren hacer este desterrar de aquí por porque seguramente hay algo bueno. No se si esta es una avanzada de Morales, del actual gobernador o del administrador de Finca El Pongo, están metidos un montón que no quieren hacer este desterrar de aquí por porque seguramente hay algo bueno.
Griselda Ibáñez profundizó sobre la situación que se viene dirimiendo en la justicia local desde hace dos años, un juicio para la adjudicación, que luego de dilaciones permanentes terminó por fallar en su contra, habilitando que el gobierno se apropie de 36 de 37 hectáreas en disputa, dejando a la familia dentro del nuevo perímetro, sin afectar la casa, corrales y represa.
“El terreno se entregaría a empresas multimillonarias, hay mucho dinero dando vuelta y aunque había un juicio pendiente, parece que todos los interesados ya tenían planos diseñados”, expresó generando suspicacia, incluso dando a entender que los intereses económicos privados podrían haber torcido la balanza de la justicia.
La familia que incluye tres menores de edad y adultos mayores con delicada salud, exigen que se respete su posesión del predio, a las autoridades solicitan restituir el lugar a su estado anterior inmediato. Han quedado virtualmente privados de su libertad, al cerrarles el acceso a la RP10.
