- Una familia que habita predios de Finca El Pongo hace más de 100 años fue cercada por el gobierno que pretende quedarse con el 97% de sus tierras.
- Las máquinas ya demolieron sus cercas y los aislaron dentro del terreno en pugna con nuevo alambrado perimetral.
El gobierno pretende desalojar residentes de Finca El Pongo a fuerza de máquina
Un predio de 37 hectáreas en Perico se convirtió en el nuevo inmueble codiciado para los conductores políticos de Jujuy, quienes sin importarle el bienestar de los residentes o la posesión legalmente demostrada pretenden apropiarse de las tierras.
Daniel Ibáñez y su familia no pudieron darse el lujo de festejar fin de año, de hecho pasaron las fiestas en permanente estado de alerta por la avanzada oficial sobre los terrenos que ocupan hace más de 100 años, cuya posesión está debidamente acreditada.
El calvario inició el último viernes de 2024, cuando sin papeles, autorización judicial o algún otro respaldo legal, más de una docena de agentes de la policía ingresaron junto con maquinaría pesada, únicamente amparados por un fallo de primera instancia en un juicio posesorio que entre la familia Ibáñez no hay dudas que fue amañado.
“Me han querido reprender, por poco no le pasan con la máquina por encima a mi hija, así empezaron a arrasar con todo el alambrado y algunos animales fueron saliendo hacia la ruta”, explicó el damnificado sobre lo ocurrido en Hornillos, sobre Ruta Provincial N° 10 al lado del Parque Industrial de Perico.
Un grupo de abogados también se acercó para interpelar a los poseedores, acusándolos de usurpadores, a pesar de contar con elementos probatorios de su posesión incluso anteriores a las cesiones de tierras realizadas por Plinio Zabala. No obstante la información es escasa, porque el equipo letrado del gobierno tampoco anticipó cuál es el destino proyectado para el lugar, aunque se presume será explotado por el sector privado.
Griselda Ibáñez profundizó sobre la situación que se viene dirimiendo en la justicia local desde hace dos años, un juicio para la adjudicación, que luego de dilaciones permanentes terminó por fallar en su contra, habilitando que el gobierno se apropie de 36 de 37 hectáreas en disputa, dejando a la familia dentro del nuevo perímetro, sin afectar la casa, corrales y represa.
“El terreno se entregaría a empresas multimillonarias, hay mucho dinero dando vuelta y aunque había un juicio pendiente, parece que todos los interesados ya tenían planos diseñados”, expresó generando suspicacia, incluso dando a entender que los intereses económicos privados podrían haber torcido la balanza de la justicia.
La familia que incluye tres menores de edad y adultos mayores con delicada salud, exigen que se respete su posesión del predio, a las autoridades solicitan restituir el lugar a su estado anterior inmediato. Han quedado virtualmente privados de su libertad, al cerrarles el acceso a la RP10.