El gobierno de Javier Milei ha decidido poner en marcha una auditoría sobre las pensiones por invalidez laboral, un programa que, a diciembre del año pasado, contaba con 1.222.000 beneficiarios en toda la Argentina. Este esfuerzo no es nuevo, sino una réplica del estudio llevado a cabo en 2016 durante la gestión de Cambiemos, cuando el número de pensiones ascendía a 1.037.931, representando el 6,9% de la Población Económicamente Activa (PEA) de aquel entonces. Actualmente, estas pensiones alcanzan el 8,6% de la PEA y el 2,65% de la población total del país. Estas cifras no solo reflejan un crecimiento en la cantidad de pensiones otorgadas, sino también un incremento en la dependencia de un sector vulnerable de la población respecto al sistema de seguridad social.
Pensiones por invalidez, el espejo de la realidad social
El gobierno de Javier Milei ha decidido poner en marcha una auditoría sobre las pensiones por invalidez laboral, un programa que, a diciembre del año pasado, contaba con 1.222.000 beneficiarios en toda la Argentina.
Las pensiones por invalidez forman parte de un conjunto más amplio de pensiones asistenciales que incluyen coberturas por vejez, pensiones para madres de siete o más hijos, pensiones establecidas por leyes especiales, graciables y aquellas percibidas por los excombatientes de Malvinas. En total, estas suman 1.548.662 pensiones, según datos de junio pasado. Este volumen significativo de beneficiarios ilustra la amplitud del sistema de asistencia social en Argentina, pero también plantea preguntas sobre la sostenibilidad y la equidad en la distribución de recursos.
Durante la gestión de Mauricio Macri, la cantidad de pensiones por invalidez cayó un 1,7%. La exministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, anunció en ese momento que se revisarían los otorgamientos, lo que resultó en recortes significativos. Sin embargo, la presión social y las marchas de reclamo llevaron a la restauración de la mayoría de las pensiones recortadas. Este episodio destaca la complejidad y la sensibilidad política y social que rodea la administración de estos beneficios.
Para acceder a una pensión no contributiva por invalidez, la persona debe encontrarse “imposibilitada, en virtud de su condición de salud y vulnerabilidad social, para la plena inclusión”, según la Agencia Nacional de Discapacidad. Además, no debe percibir una jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, ni estar empleado bajo relación de dependencia, o registrado como autónomo o monotributista del régimen general, aunque sí como monotributista social. Sin embargo, la página de la Anses señala que la pensión no contributiva por invalidez es compatible con el trabajo en diversas formas, lo que introduce una ambigüedad significativa en los criterios de elegibilidad y sostenibilidad del sistema.
Jorge Colina, economista de Idesa, explica esta discrepancia. Según Colina, para acceder a una pensión no contributiva por invalidez, el requisito es no tener un vínculo laboral formal o estar inscrito en el Régimen General o Simplificado vigente. Sin embargo, una vez otorgada, la pensión no prohíbe trabajar, en aras de la inclusión de las personas con discapacidad. Esta ambigüedad fue en parte abordada por el decreto 566/2023, firmado por Sergio Massa durante la campaña electoral, que eliminó la restricción de no tener un vínculo laboral formal, estableciendo un trato más favorable en materia de inclusión laboral para personas con discapacidad.
La distribución geográfica de estas pensiones revela una realidad socioeconómica desigual en el país. El norte de Argentina, tanto en la región del NEA como en el NOA, concentra el mayor porcentaje de pensiones por invalidez laboral sobre la población activa, según datos del INDEC para el tercer trimestre de 2023. En particular, los números son alarmantes en provincias como Chaco, donde el 49,8% de la población en condiciones de trabajar recibe una pensión por invalidez, un aumento de casi 20 puntos porcentuales desde octubre de 2016.
En ese distrito, la Justicia investiga el caso de Taco Pozo, donde el 10% de la población cobra pensiones por discapacidad laboral a través de certificados supuestamente truchos. El intendente del municipio y su hija fueron imputados por participar de la asociación ilícita junto a otras 11 personas. La causa comenzó en febrero de 2023 y es investigada por el fiscal federal Carlos Amad.
Chaco ha desplazado del primer lugar a Santiago del Estero, que tiene 44,2% de la PEA con estas pensiones, habiendo sumado 10 puntos porcentuales en el período. Segunda quedó Misiones, con 44,6% de estas ayudas. Detrás se ubica Corrientes, con 41,8%, y después Formosa, con 36,8% (cinco puntos porcentuales más en casi ocho años). Salta registra en el mismo lapso un alza de casi ocho puntos de estas pensiones, equivalente al 19% de su PEA. En Catamarca, alcanzan el 16,3%; en La Rioja, el 15,6%, y en Jujuy, el 13,2%.
Para tener una referencia del resto del país, en la provincia de Buenos Aires el porcentaje es 4,2% de la PEA y en CABA, el 1,6%. En Mendoza ascienden al 8,9%; en San Luis, al 14,9%, y en Neuquén, al 7,4%.
El crecimiento de las pensiones otorgadas por invalidez –que en 2001 eran solo 75.947– empezó a acelerarse en 2009, cuando ya sumaban 372.000, para superar el millón en 2014. Es decir, en 13 años, el crecimiento fue de 1240,4%, sin que mediara una guerra, epidemia o crisis de ningún tipo que afectara las capacidades laborales de tantos argentinos. Lo que ocurrió, en cambio, es que desde 2009 se multiplicó la “oferta” de certificados de invalidez en algunas provincias para quienes se acercaban a solicitar una asistencia del Estado. En los últimos diez años y hasta junio, la cifra de pensionados por invalidez laboral aumentó 20,2%. El monto que perciben es de $210.000 mensuales.
Esta situación plantea una serie de interrogantes y reflexiones sobre las causas subyacentes de esta dependencia de las pensiones por invalidez. La primera consideración es el estado de la salud pública y las condiciones laborales en estas regiones. La prevalencia de enfermedades ocupacionales, accidentes laborales y condiciones de trabajo precarias pueden estar contribuyendo al alto número de invalideces. Asimismo, el acceso limitado a servicios de salud de calidad y la falta de programas de rehabilitación efectivos pueden agravar estas situaciones, impidiendo que los trabajadores regresen al mercado laboral.
Otra dimensión crucial es la económica. Las regiones del NEA y NOA han sido históricamente menos desarrolladas en términos industriales y económicos en comparación con el centro y sur del país. Esta falta de oportunidades económicas puede forzar a la población a trabajos informales y de alto riesgo, aumentando la probabilidad de invalidez laboral. La auditoría anunciada por el gobierno debe, por tanto, considerar estas variables para abordar de manera efectiva las raíces del problema.
La gestión y asignación de pensiones por invalidez deben ser transparentes y basadas en criterios justos y verificables. No está claro cuáles son los criterios técnicos que los médicos de los hospitales públicos siguen para otorgar los Certificados Médicos Oficiales (CMO), el documento que la Anses exige para otorgar la pensión por invalidez. A diferencia de las pensiones contributivas, donde la evaluación de la discapacidad es realizada por comisiones médicas del sistema previsional y de riesgos del trabajo, los médicos de hospitales públicos provinciales no están sujetos a un control riguroso, lo que puede dar lugar a abusos y fraudes en la emisión de certificados de invalidez.