Jujuy | PACTO MORALES-RIVAROLA |

"La clínica no es de Rivarola, es de su hijo"

La insólita respuesta del ministro de salud, Gustavo Bouhid, ante la consulta sobre el conflicto de intereses en la adjudicación de contratos al diputado provincial Rubén Rivarola, agravó el escándalo: ratifica su participación en el negocio, aunque las leyes se lo prohíben. Subestimación a la ciudadanía y un mensaje grave: en Jujuy vale todo.

  • El ministro de salud, Gustavo Bouhid, convocó a una conferencia de prensa por la controversia en torno a la contratación de servicios en su cartera.
  • Terminó reconociendo que el diputado del PJ, Rubén Rivarola, será parte del negocio, a través de un familiar directo.
  • Dijo estar a disposición de la oficina anticorrupción y de los organismos de control.

El gobierno de la provincia identificó un negocio en el ámbito de la salud. O varios.

Negocios que estaban en manos de la corporación médica local, y que según los propios médicos, un ex integrante de la misma como el ministro de salud Gustavo Bouhid, pretende arrebatarles para redireccionarlos hacia aliados políticos del gobierno que encabeza Gerardo Morales. Y por qué no, aseguran algunos de sus pares, participar de ellos.

Se trata de las derivaciones de pacientes complejos desde los hospitales públicos hacia clínicas privadas. También del polémico sistema de recupero de gastos hospitalarios.

Cuando un enfermo se presenta al hospital y requiere una atención compleja, de alguna especialidad con la que el hospital no cuenta, es derivado.

Esa derivación hasta hoy estaba en manos de los médicos. Una vez recibido el tratamiento, la clínica o sanatorio que recibió al paciente y brindó el servicio le pasaba una factura al estado.

El ministro de salud considera que se montó allí un gran negocio (leer subtítulo más abajo) y pretendió, no desarmarlo, si no disputárselo a los médicos.

Por esa razón abrió primero un proceso licitatorio con el objetivo de identificar cuáles son los servicios más demandados y adjudicárselos a clínicas específicas. El proceso se llamó "Por una salud accesible a integradora".

Sin embargo, los pliegos de esa licitación requerían tantas exigencias que ninguna clínica local estuvo en condiciones de cumplirlas, por lo que ni siquiera se presentaron. Sólo lo hizo una empresa que opera en el ámbito nacional, que realizó una propuesta desestimada por el gobierno provincial por “onerosa y desfavorable”.

Posteriormente, mediante un decreto firmado por el gobernador, el ministro quedó autorizado a realizar una contratación directa. Dicho instrumento fue cuestionado en la justicia por profesionales jujeños. Sin embargo el proceso continuó.

En esta instancia, se invitó a 18 clínicas y sanatorios locales a que realicen propuestas para quedarse con los servicios de las derivaciones, servicios que en muchos casos hoy ya prestan.

Allí se presentaron 6 ofertas y la empresa ganadora fue una muy particular: se trata de Maternoa SRL, administradora de la clínica nuestra Señora de Fátima, de Palpalá. Este nosocomio, según consta en el acta N° 21 del 22 de mayo de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la provincia, pertenece al diputado provincial Rubén Rivarola.

Y por si el acta no fuese suficiente, los archivos de El Tribuno de Jujuy (vinculado a Rivarola) brindan imágenes del día de la inauguración de la moderna clínica, en donde el legislador junto al gobernador Gerardo Morales recorren sus instalaciones.

Conocida la maniobra, el escándalo estalló en la opinión pública. La constitución de la provincia, en sus artículos 64 y 107 le prohíben a un diputado provincial participar de empresas que contraten con el estado. También la ley 5.153, de ética pública, en su artículo 14.

Pero además, hubo un reproche muy fuerte por parte de la cámara de empresas de salud de la provincia, quienes se indignaron por la resolución que les arrebataba una serie de servicios que hoy brindan, para concentrarlos en la clínica de un hombre del poder, cercano al gobernador Morales.

Por ese motivo, se produjo un retroceso. Según informó en conferencia de prensa la mañana del miércoles 15 de enero el ministro Bouhid, Rivarola y su empresa terminaron renunciando a la adjudicación de la discordia.

Pero apareció allí, no obstante, una tercer solución, alternativa, “salomónica”, en la que son todos invitados al convite.

El 14 de enero, el ministerio de salud recibió una nueva oferta, esta vez proveniente de una UTE (Unión Transitoria de Empresa) en la que Rivarola se junta con los sanatorios locales que también habían realizado ofertas en la instancia anterior.

Según Bouhid, la UTE se conforma con las clínicas Los Lapachos, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de Fátima, “entre otros” (sic).

En la misma ofrecen ordenar quiénes van a ser los prestadores de las diferentes especialidades que los pacientes de los hospitales suelen demandar. Se las reparten según la especialidad de cada clínica.

Pero además, ofrecen cobrarle al estado hasta un 30% menos de lo que venían recibiendo más la realización de inversiones en los hospitales públicos de la provincia para poder atender in situ.

Una oferta de la que el ministro Bouhid se mostró orgulloso, al punto que, dijo, apuraría las gestiones para que el gobernador firme un nuevo decreto que inaugure el flamante esquema.

Eso sí, cuando se le preguntó por qué el diputado Rivarola sigue formando parte del negocio, pese a que la constitución y la ley se lo prohíben, el ministro dijo que la empresa no pertenece al legislador si no a su hijo.

El acta N°21 publicada en el boletín oficial lo desmienten. Además, el hijo al que hace mención el ministro es Ernesto Cristian Rivarola, quien también podría convertirse en funcionario público: es el primer suplente electo en el bloque de diputados del PJ, y si por algún motivo uno de sus integrantes renuncia, estaría en condiciones de asumir, igual que su padre, una banca como diputado provincial. ¿Aparecerá allí algún primo para hacerse cargo de la clínica?

Por qué las derivaciones son un negocio (que Bouhid les está quitando a sus colegas)

Los hospitales en Jujuy son limitados. Existen ciertas atenciones especiales que no están en condiciones de brindar.

Por ejemplo, la colocación de un stent.

Cuando un paciente con o sin obra social, se presenta ante un hospital y requiere este tipo de atención para salvar su vida, el hospital se hace cargo y lo deriva a una clínica que tenga la capacidad de colocar, por ejemplo, el stent en cuestión.

Esa derivación depende de un médico que, en muchos casos, atiende por las mañanas en un hospital público, y por las tardes en un sanatorio privado.

El actual ministro de salud considera que muchos de sus colegas médicos se autoderivan pacientes desde el hospital público a las clínicas privadas donde trabajan y realizan prácticas que luego le cobran al estado, creando un gran negocio.

El problema es que, para sus críticos, Bouhid no quiere que el negocio se desarme, por ejemplo haciendo una inversión desde el ministerio para que los hospitales puedan brindar atención en todas las especialidades, si no que busca que el negocio cambie de manos, arrogándose el poder de controlarlo, cuando no, participar de él.

¿De qué manera haría esto el ministro? Con la contratación directa de clínicas que su ministerio seleccionó cuidadosamente, a los que a través de un exigente pliego de condiciones les impuso un descuento de entre el 20% y el 30% y les exige además, que hagan una inversión millonaria para que los servicios los puedan brindar los privados en los hospitales.

Entre esas clínicas aparece, por ejemplo, el sanatorio Nuestra Señora de Fátima de Palpalá, que pertenece, como ya se dijo, al diputado provincial Rubén Armando Rivarola.

Todo indica que dicha empresa terminará quedándose con el polémico servicio de recupero de gastos hospitalarios, que consiste en cobrarles a las obras sociales los gastos que realizan los hospitales cada vez que sus afiliados acuden, por algún motivo (como ser un accidente de tránsito) a los nosocomios públicos.

El estado, ineficiente, sólo cobra una parte de esas atenciones. El gobierno actual, con Bouhid y Morales a la cabeza, buscan aumentar los niveles de cobro contratando una empresa privada para que realice tal gestión. Esa empresa será la clínica del diputado Rubén Rivarola.

Pero hay más. En el anexo V de los pliegos diseñados por el ministerio para especificar los servicios que se demandan, aparece el pedido de un servicio de digitalización de imágenes e informes diagnósticos, rubro en el que se hizo conocido el propio ministro Bouhid en su paso por la actividad privada. ¿Aparecerá alguna empresa relacionada al funcionario?

“Se están repartiendo negocios”, insisten los colegas del actual ministro de salud, quienes recuerdan que, en ocasiones, no hay peor astilla que la del propio palo.

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