Organizaciones sociales denuncian persecución y anticipan acciones en la Justicia Federal

• Fallo de la Corte Suprema de Jujuy: Rechaza el planteo de inconstitucionalidad contra allanamientos a dirigentes sociales.
• Organizaciones sociales: Denuncian persecución y anuncian acciones en la Justicia Federal.
• Dirigente imputado: Sebastián Fernández Ferreira denuncia espionaje ilegal y vincula causas con tensión social.

Recientemente, se conoció que la Corte Suprema de Justicia, encabezada por el juez Federico Otaola, rechazó un planteo de inconstitucionalidad por una causa donde se llevaron allanamientos en el domicilio particular del dirigente Gonzalo Maurín, en el año 2022.

Ante ello, las organizaciones sociales emitieron un duro comunicado donde señala que la Corte Suprema de Justicia al servicio del poder político. Dicen repudiar la “persecución judicial y mediática a la militancia popular” y exigen el “inmediato desprocesamiento de los compañeros”.

Malestar en las organizaciones sociales

En diálogo con Radio 2, Sebastián Fernández Ferreira, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y uno de los imputados, cuestionó duramente la resolución judicial y adelantó que, al haber agotado las instancias locales, recurrirán a los tribunales federales.

“Presentamos ante la Corte que, después de cuatro años, no encontraron ningún elemento de prueba y que, por lo tanto, había que dar de baja la causa. La respuesta de la Corte fue que si no hay elementos de prueba, eso lo definirá el juicio, lo cual demuestra que esta causa ha sido muy utilizada políticamente”, expresó.

El referente social recordó que el expediente se inició durante la gestión del ex gobernador Gerardo Morales mediante allanamientos a comedores y merenderos, y denunció que la recolección de datos original se basó en tareas de espionaje ilegal.

“La recabación inicial de datos fue a través de infiltrados, como reconoce el propio oficio policial. En mi caso, no hay ninguna denuncia, sino una grabación clandestina de un infiltrado que le pregunta a una persona en un ámbito no judicial. Es un mamarracho jurídico por el cual ya presentamos una denuncia en el fuero federal”, expuso.

Fernández vinculó la reactivación de los expedientes con el termómetro social y económico que se vive en los sectores más vulnerables de la provincia.

“Cada vez que hay alguna posibilidad de conflicto social o alguna situación crítica, este tipo de causas avanzan, no solo con nosotros, sino con otros dirigentes sociales o gremiales. La situación está muy tensa en los barrios y entiendo que haya un temor del poder a un estallido, pero no es disciplinando a las dirigencias como se evita la protesta, sino con medidas concretas que mejoren las condiciones de vida”, sentenció el dirigente.