Los nuevos “dueños” del Estado en Jujuy
Una peligrosa confusión atrapa en la actualidad a una generación de dirigentes, heredera de la anterior, cuyos integrantes en muchos casos dicen ser el cambio pero se parecen más a una mala copia de quienes fundieron la provincia.
En el epílogo de la semana que pasó el Colegio de Abogados de Jujuy y la Juventud Radical, con llamativa sincronización, difundieron sendos comunicados en los que ensayaron una defensa corporativa de una ex funcionaria, integrante de ambos espacios.
La ex servidora pública había tenido un desempeño errático en un área sensible del gobierno, como la dirección de protección integral de la niñez, donde se produjeron tragedias que conmocionaron a la sociedad. La falta de reacción, no sólo en esa dirección sino en todo el ministerio de desarrollo humano, fue señalada por buena parte de la sociedad, que exigió – y exige - mayor eficacia a sus funcionarios atento a los privilegios de los que gozan por ocupar esos espacios.
El pronunciamiento, en ambos casos, cuestionaba la labor del periodismo con imprecisiones, inexactitudes y falta de rigor.
Así, la expresión no dejaba dudas: la corporación política de Jujuy se defendía de los cuestionamientos a uno de los suyos, sin importar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.
El estado es, por definición, la sociedad organizada. Quienes aspiran a formar parte de él se asumen como servidores públicos, puesto que llegan a los sitios en donde se discuten y administran los intereses de la ciudadanía en su conjunto. Allí se define la suerte de la cosa pública.
Se llega a él a través de la política, que con todas sus pasiones no deja de ser un vehículo para lograr administrar el Estado, o una parte de él.
El aporte para su funcionamiento es público, es decir, al Estado lo financian todos a través del pago de impuestos. Los que producen riquezas con su actividad privada en mayor proporción, y los que simplemente consumen bienes y servicios a diario, en menor medida.
Toda esa recaudación se destina al funcionamiento del Estado. El objetivo es que el conjunto tenga servicios y se pueda vivir en una sociedad organizada.
Esta descripción sencilla de la estructura de funcionamiento del Estado ha sido desvirtuada por una generación de dirigentes que han exacerbado los beneficios que otorga ser parte de sus lugares de jerarquía, relativizando su propósito inicial: el de servir.
A diferencia de otras sociedades, incluso dentro de la República Argentina, en Jujuy formar parte de los jerarcas del Estado otorga estatus, buen pasar económico, estabilidad laboral, sólo por citar algunos privilegios. En consecuencia, una clase de dirigentes, (independientemente de diferencias partidarias circunstanciales) se ha apoderado de esa parte del estado, sin explicarle al resto de la sociedad de qué manera sirven, cómo administra sus bienes, cuáles son los méritos que los hacen acreedores de tal posición.
Esa desnaturalización de la esencia de servir al público desde el estado se ha consolidado de tal forma que hoy estamos en presencia de una nueva generación que pretende ser el recambio de la administración pública, y que alza la voz cuando la sociedad, a través del periodismo o de otras formas de expresión, les reclama su incompetencia, su falta de aptitud para ocupar espacios que exigen formación y trayectoria porque los problemas a resolver son de complejidad extrema.
Las reacciones se hacen en forma corporativa, lo que demuestra la magnitud de la desviación. Ya no sólo se sirven del estado, si no que se creen dueños por derecho de él.
Militantes de la juventud radical o de la juventud peronista, casi sin distinción según la época, reclaman con la misma soberbia espacios en lugares sensibles del Estado que creen haber ganado por juntar votantes durante algunos años en cada elección. En otros casos, alcanza con tener el apellido correcto.
Las nuevas generaciones de “dirigentes”, a pesar de haber tenido en la mayoría de los casos recursos y tiempo necesario para acceder a títulos universitarios, vuelven de ciudades como Córdoba y Tucumán a formar parte de la estructura estatal sin filtro alguno.
Salvo honrosas excepciones, no prueban su suerte en la actividad privada si no que prefieren la comodidad y el reaseguro que otorga la función pública, en una situación que se va convirtiendo poco a poco en una flagrante injusticia para el resto de la sociedad.
Entre sus últimas medidas, el gobierno ha avanzado en una muy novedosa que generó mucha expectativa en los lectores habituales de nuestro medio: la creación de una bolsa de trabajo anunciada por el ministro del área, Jorge Cabana Fusz, que tiene como objetivo dar una respuesta inicial a la enorme masa de mano de obra desocupada que hay en la provincia.
La medida, que responde al dramático escenario laboral en el que se encuentra sumido Jujuy desde hace décadas, apunta organizar a los desempleados de la provincia para capacitarlos e insertarlos en emprendimientos privados, como la explotación de litio y energía solar en la puna.
La iniciativa, loable, no deja de presentar una extraña paradoja: la clase gobernante le pide a la población que se prepare para trabajar en el sector privado, pero le reserva a sus hijos puestos en el Estado.
Ahora, cuando sus hijos – o los amigos de ellos – son criticados por su ineficiencia, y sobre todo, por las consecuencias que ello trae, la nueva generación, la que se dice el cambio, reacciona con comunicados corporativos, con el sello de instituciones, demostrando el nivel de enajenación de quienes, desde el regreso de la democracia, se han adueñado del Estado.