Habrá un importante impacto económico tras la rebelión policial
La rebelión de policías en 20 provincias, tendrá sin duda efecto dominó sobre el conjunto de los trabajadores estatales, tanto a nivel de la administración central como de los municipios.
Según se puede comprobar de algunos acuerdos que se firmaron, el aumento promedio del salario inicial de bolsillo de un agente de policía es de 50 %; en el caso de la provincia de Salta pasaría de $ 4.342 a $ 6.516. Aún con este importante aumento y si se cumple en el mes de enero del año próximo, para cobrar en febrero, en la región Noroeste al mes de noviembre pasado la Canasta Básica Total ascendía aproximadamente a $ 9.500, para una familia de cinco miembros, con este monto se superaría la línea de pobreza. Es decir que aún con el 50 % de aumento siguen siendo pobres, tanto los policías como la mayoría de los asalariados dependientes del Estado.
El efecto dominó ya empezó, la mayoría de los gremios estatales que están en lucha exigiendo una ayuda extraordinaria de fin de año de $ 2.000, ahora exigen el mismo salario básico que la policía. En la mayoría de las provincias los salarios básicos oscilan entre los $ 300 y los $ 500, razón por la cual un docente de primaria con la máxima antigüedad cobra de bolsillo $ 4.700, un municipal en promedio $ 3.600 y un médico que ingresa a un Hospital con todos los adicionales está cobrando $ 4.800. Esta es la realidad en la mayoría de las provincias de nuestro país
Con la lucha salarial en marcha es inevitable hacer una comparación con lo que había sucedido en el año 1975, cuando el Rodrigazo impuso un ajuste brusco de tarifas y desencadenó la puja salarios-precios a niveles extraordinarios. En este caso puede ser peor si tenemos en cuenta que a lo largo de casi cuarenta años los gobiernos provinciales y municipales se constituyeron en la principal fuente de empleo, particularmente tras las privatizaciones de Menem y la destrucción de más de 40.000 establecimientos industriales por la política de apertura de la economía.
En el caso de Jujuy, entre los años 1987 y 2013 se pasó de 33.755 empleados de administración central y municipios a 65.000. En estos cinco últimos años el kirchnerismo agravó el problema.
Es importante tener presente que en este año 2013, a nivel nacional el gasto en personal de la administración central, sin municipios, de las 24 Jurisdicciones será de $ 153 mil millones, según cifras oficiales del Ministerio de Economía. Un aumento del 50 % significaría disponer de $ 76,5 mil millones adicionales, cuando la pauta de aumento salarial de los Presupuestos Provinciales para el año 2014 se estimó en promedio en 20 %. En el caso de Jujuy el aumento pactado con la Policía que cuenta con 5.500 efectivos necesita para cumplirse de $ 500 millones adicionales.
El problema será más grave para las provincias que tienen dependencia absoluta del Poder Central. La dependencia más notoria es la de las provincias cuyos recursos propios no superan el 20 % del total del gasto presupuestado como es el caso de Jujuy, Salta, Chaco, Tucumán, Misiones, San Luis y San Juan; con casos extremos de dependencia en un 90 %. Tal grado de dependencia tiene que ver con la estructura impositiva nacional y el injusto y antifederal régimen de Coparticipación Federal de Impuesto que le ha dejado a la mayoría de las provincias escasas atribuciones de recaudación de tributos provinciales, como son Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos. La región central está en mejores condiciones en cuanto a modificar recaudación propia por el tamaño de su producción industrial y porque es el lugar donde están radicadas las principales empresas, gran parte de propiedad del capital imperialista, y los más grandes terratenientes, al igual que las productoras de hidrocarburos, pero aún así un aumento del gasto del 50 % será de difícil solución si no se avanza sobre una nueva distribución de la recaudación tributaria nacional. En la actualidad Nación se queda con el 72 % de lo recaudado y remite a las Provincias el 28 % restante.
Los gobiernos de las provincias, que ya aumentaron el Impuesto a los Ingresos Brutos, en el caso de Salta del 3 % al 3,6 % enfrentarán inevitablemente la resistencia de los sectores populares afectados, como pequeños y medianos comerciantes.
Mientras el gobierno nacional hace parches a su política, se potencia el conflicto por el lado de lo que más niegan, que es la existencia y el aumento de la pobreza y la indigencia, por la inflación que se ha desbocado.