Además, explicó que es técnicamente imposible: “el dinero que nutre al sistema de discapacidad es producto de los aportes y contribuciones de los trabajadores y empleadores, es una cuenta especial que está por fuera del presupuesto nacional, no hay forma de que se pueda ajustar”.
Por otro lado, informó que desde 2019 se incrementó el valor de las prestaciones en un 320% lo que implica mejorar la calidad del sistema. “Hay una cuenta especial que alimenta todo el sistema de redistribución solidario para todas las personas que tenemos obra social, y también es dinero que se destina a las cuentas por discapacidad. Hay 94.000 personas discapacitadas de obras sociales nacionales contempladas por esa cuenta, y controlamos obras sociales nacionales y pre pagas solamente”.
El presupuesto mensual para cubrir las necesidades de esas 94.000 personas discapacitadas, de acuerdo a Spadone, son 10.000 millones de pesos, “y es una cuenta intocable por ley, más allá de cualquier voluntad, que no la hay, de ajustar en discapacidad”.
“Puede ser que una obra social contrate a una gerenciadora, la cual contrata a su vez a un sanatorio, y por último a quien realiza las prestaciones. Puede haber un dislate en el tiempo por esa situación y no hay reclamos de beneficiarios porque se haya interrumpido el sistema. No se cortó la cadena de atención”, sostuvo.
Afiliados a obras sociales con discapacidad o no, que deseen realizar un reclamo por inconvenientes con las mismas, pueden dirigirse a la sede jujeña de la Súper Intendencia de Servicios Públicos de Salud, coordinada por Federico Singh.
