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Una ley clave ignorada por un juez

El juez Zurueta rechazó la detención de un hombre acusado de golpear a su mujer, pero en su fallo desestima la ley de violencia de género, sancionada por clamor popular en 2009, para frenar los femicidios.

La ley N° 26.485 de protección integral para las mujeres, fue sancionada el 11 de marzo de 2009, como resultado de un masivo reclamo de la sociedad a las autoridades para poner freno a la escalada de casos de violencia de género en el país. 

Fue aprobada por unanimidad en el Congreso y buscó ser el punto de partida de una política de estado: la lucha contra los violentos a través de mecanismos institucionales. 

A más de 7 años de su sanción, no existen estadísticas sobre su efectividad, pero esporádicamente aparecen casos aislados que muestran cómo aquel hito fue claramente insuficiente. 

En un polémico fallo, el juez de control N° 2 Jorge Zurueta rechazó el pedido de detención realizado por un fiscal que solicitaba el arresto preventivo de un hombre que habría propinado golpes a su pareja. 

Lo llamativo fue que Zurueta utilizó como argumento para permitir que el supuesto golpeador siguiera en libertad una cuestión procesal, si se quiere matemática. Dijo el magistrado que en el peor de los casos, la condena al acusado no sería de prisión efectiva, por lo cual no consideraba necesario detenerlo mientras se realiza la investigación. 

Sin embargo, la ley sancionada a fin de proteger a las mujeres víctimas de golpeadores buscaba precisamente corregir la impunidad que garantiza la normativa vigente a los abusadores. 

En su artículo 3 la ley le exige al estado evitar cualquier conducta, acto u omisión que permita la revictimización de quien ya sufre violencia. 

La situación parece de evidente transgresión al espíritu de la ley. Una mujer denuncia maltratos, mientras que un juez, con cierta liviandad, le garantiza libertad a su agresor, sin tener en cuenta la letra de esa norma, cuya aplicación es obligatoria en los casos en los que se investiga violencia de género.

Zurueta mantuvo el mismo criterio, al menos en otros cuatro casos de similares características. El fiscal Gustavo Araya, promotor de las investigaciones, cuestionó al juez por sus polémicos fallos y recurrió mediante un recurso de queja a la cámara de apelaciones, que deberá expedirse sobre el particular. 

Mientras, un presunto golpeador permanece libre, y una mujer, continúa su vida con una preocupación latente: convertirse en víctima una vez más. 

 

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