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Pandemia de negocios: Morales, Rivarola y una pregunta incómoda

Al gobernador de Jujuy le consultaron cómo se adjudicó el centro de transferencia de carga de camiones en el límite con Salta, y brindó una respuesta esquiva.

  • Política y negocios, en medio de la pandemia.
  • El gobierno busca organizar el ingreso de camiones a Jujuy.
  • Habría contratado un predio del presidente del PJ, Rubén Rivarola.

¿Se hizo una licitación pública? ¿Quiénes fueron los oferentes? ¿Cuál fue la empresa adjudicada?

Esas preguntas recibió el gobernador Gerardo Morales por parte del periodista Gonzalo Fernández durante la conferencia de prensa del lunes 20 de julio, y apuntan directamente a un negocio que propicia el Estado y habría caído en manos – una vez más – del presidente del PJ, Rubén Rivarola.

Se trata del Centro de Transferencia de Cargas que habilitó la provincia en la localidad de Lapachos, cerca del límite entre Jujuy y Salta por ruta 34, y tiene como objetivo que los 400 camiones que llegan diariamente a Jujuy no ingresen, dejen su carga en manos de transportistas locales, siendo esta una manera de evitar que personas que llegan desde zonas de gran circulación de COVID 19, puedan trasladarse como potenciales transmisores de la enfermedad.

El gobernador dejó todas las consultas sin responder.

“Le voy a pedir a la dirección de vialidad que haga una conferencia y explique los detalles”, dijo el mandatario, antes de justificar la contratación por ser “el único centro de transferencia que está en el lugar, está cerca, en el límite y además tiene todas las comodidades”.

Una semana antes, el Ministro de Desarrollo Productivo, Exequiel Lello Sánchez, fue consultado por lo mismo, y también ubicó a Vialidad de la provincia como responsable de esa gestión, evitando la respuesta.

¿Cuál es el misterio?

Prácticamente todas las personas vinculadas al sector productivo relacionan al predio contratado por el gobierno provincial con la empresa TRAME, de propiedad del diputado del PJ Rubén Rivarola, empresario multi rubro siempre ligado a los millonarios negocios que emergen desde el Estado.

El inconveniente para Morales y sus funcionarios en reconocer el supuesto vínculo es, nada menos, que la Constitución de la provincia.

En su artículo 64, la carta magna prohíbe que cualquier funcionario público, sobre todo un diputado provincial, reciba contratos del Estado, puesto que chocarían sus intereses al ubicarse de los dos lados del mostrador. El rol de un funcionario, y de un legislador, es controlar a las empresas que pactan negocios a partir de fondos públicos.

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El artículo 64 de la Constitución de Jujuy

El artículo 64 de la Constitución de Jujuy

Los vínculos de Rivarola con TRAME son explícitos, como lo demuestran publicaciones en el Boletín Oficial e incluso su Declaración Jurada, dónde se reconoce como empresario del transporte.

A principio de este año, Rivarola había protagonizado otro escándalo, en este caso en el sector de la salud, donde también tiene intereses: la clínica Nuestra Señora de Fátima, de la localidad de Palpalá, había recibido contratos directos del ministerio que conduce Gustavo Bouhid.

Una vez más, los vínculos de Rivarola con la empresa Maternoa, nombre real de la sociedad que gestiona la clínica, se observan con sólo revisar el Boletín Oficial y su Declaración Jurada.

El gobernador Morales miró su celular, se puso a la defensiva y pareció defender la contratación al ser consultado sobre el tema. Incomodidad que suele aparecer cuando se mezclan los negocios y la política a la vista de todos.

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