Salta: Campesinos denuncian violencia policial y empresarial
Los hechos de violencia contra familias campesinas de El Chañar fueron denunciados por la Coordinadora Zonal de Tierra de la Ruta Nacional 81.
(Telam)
Referentes campesinos denunciaron que empresarios rurales realizaban hoy deslindes ilegales, una semana después de la invasión de tierras y el derribo de alambrados de pequeños productores del paraje El Chañar, en el noreste de Salta, realizado por policías que invocaron una orden de la jueza Ana Maria De Feudis.
"Hoy han comenzado a hacer deslindes la empresa Doble Z y su socio gerente Javier Alberto Vidizzoni, sin autorización de la Secretaría de Ambiente de Salta", dijo a Télam Lucía Ruiz, delegada zonal del Foro de la Agricultura Familiar (Fopaf) en el área del conflicto. Ruiz señaló que los empresarios "carecen de títulos" sobre las tierras donde realizan el deslinde, en el que emplean además máquinas de "doble pala".
La delegada del Fopaf formuló estas declaraciones durante una breve interrupción de la reunión que mantenía "con abogados de la Secretaría de la Agricultura Familiar de la Nación, de Desarrollo Rural de la provincia y de los campesinos afectados", en la que consideraban los pasos a seguir, según explicó.
La "represión y abuso policial contra familias campesinas" de El Chañar fue denunciada por la Coordinadora Zonal de Tierra de la Ruta Nacional 81, que agrupa a la Asociación Civil del Bermejo, Defendiendo lo Nuestro, Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño, Unión y Progreso, Herencia Chaqueña, Alma Gaucha, Campesinos Unidos y Comisión Zonal de Los Blancos.
"Denunciamos el abuso de autoridad y el accionar parcial e intimidatorio de la jueza de Tartagal Ana Maria De Feudis apoyada en la policía de Salta", dijo esa coordinadora en un comunicado que detalló la invasión policial a posesiones campesinas, concretada el pasado 20 de noviembre.
Las organizaciones campesinas afirmaron además que "la jueza De Feudis siempre actúa en sus fallos y acciones en beneficio de los empresarios".
Según la denuncia, policías de Morillo, Dragones y Embarcación, invocando una orden judicial de De Feudis, irrumpieron en posesiones campesinas, en especial "en la tierra que posee la familia de la señora Victoria Cruz, una anciana de 70 años que no ha firmado ningún acuerdo con la empresa ni autorizó el paso por sus tierras".
Otros campesinos se trasladaron al predio de la familia Cruz para "evitar que las máquinas destruyeran corrales, cercos de ramas y potreros", siendo reprimidos por la policía que hirió hombres y mujeres. "Yo misma recibí golpes hasta perder el conocimiento, y otros compañeros fueron heridos o lesionados", relató Lucía Ruiz.
En este y otros casos de "abusos, desmonte ilegal, invasión de posesiones campesinas y robo de madera las autoridades policiales no se movilizan para constatarlas, argumentando falta de medios", sostuvo la Coordinadora campesina.
Sobre estos hechos, los diputados Ramón Villa (FPV) y Miguel Calabró (PJ) rechazaron las amenazas de desalojo a familias campesinas y criticaron la actuación de la jueza De Feudis.
"La jueza siempre falla en contra de los poseedores e incluso después de que aprobamos la ley que suspende los desalojos volvió a pedir el desalojo de unos campesinos la semana pasada", expresó Villa.
Calabró recordó a su vez que "esa ley que frena los desalojos se aprobó por unanimidad en Diputados" y dijo que De Feudis tiene 70 expedientes más, "por lo que esto puede seguir sucediendo a futuro" y pidió la intervención de la Legislatura provincial "porque esto puede terminar en graves incidentes".