Nueva advertencia de ADEPA
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas recordó en un documento las "presiones judiciales, legales y administrativas" que recibieron medios y periodistas en el último semestre, entre ellos los de Papel Prensa y Editorial Perfil.
(DyN)
El informe de ADEPA detalló el "intento de censura previa" que protagonizó hace unos días "el jefe de la Secretaría de Inteligencia de la Nación, Oscar Parrilli, (quien) promovió acción penal contra el presidente de la Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia; el director de la revista Noticias, Edi Zunino y el periodista Rodis Recalt, a quienes acusó de haber violado la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 por publicar una nómina de 138 supuestos agentes de Inteligencia que habrían ingresado recientemente al organismo".
"El planteo se complementó con una medida cautelar para evitar que la revista se abstuviera de realizar publicaciones que implicaran la continuidad del presunto delito", dijo ADEPA.
También recordó que, a comienzos de este mes, "desde el Gobierno se volvió a presionar a la Justicia por la causa de la venta de la empresa Papel Prensa, cuestión ya juzgada en democracia".
El informe señaló que "el fiscal subrogante Leonel Gómez Barbella, quien había asumido semanas antes luego de un cuestionado trámite y se identifica con la agrupación oficialista Justicia Legítima, pidió que se llamara a indagatoria" a directivos de Grupo Clarín y de La Nación y añadió que "la solicitud fue rechazada por el juez Julián Ercolini por no haber motivos suficientes".
"Sin embargo, las presiones continúan, con ataques renovados en actos públicos y medios oficialistas", agregó.
Entre otros hechos de "presión", la entidad mencionó además que la AFSCA "votó por avanzar en la adecuación de oficio del Grupo Clarín", aunque posteriormente la Justicia suspendió la medida en dos instancias.
También rememoró que un juez de Bahía Blanca procesó por encubrimiento al director de la radio y del sitio periodístico La Brújula 24, Germán Sasso, y ordenó allanar el medio y secuestrar material periodístico, "lo que afecta la protección constitucional del derecho a preservar las fuentes periodísticas".
En esa misma ciudad, otro juzgado federal "dictó la falta de mérito probatorio" del director del diario La Nueva., Vicente Massot en una causa por "presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar, pero en la que ha subyacido la voluntad de instituir el 'delito de opinión' y de perseguir a un medio y periodistas críticos de la política oficial".