Modificaciones a la nueva agencia de inteligencia

El secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, junto al subdirector de la Secretaría, Juan Martín Mena, y al secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, se reunieron este mediodía en el Senado con el bloque kirchnerista para plantear las "sugerencias" de la presidenta Cristina Fernández en relación de la ley.

"Hemos dejado planteados cuáles son los puntos que la Presidenta cree que la Argentina tiene la mayoría de edad suficiente como para no dejarse extorsionar por organismos o por sectores de inteligencia que tanto daño y tanto mal le han hecho a la Argentina y a los argentinos", informó Parrilli a la prensa. 

Precisó que la AFI "seguirá siendo auxiliar de la justicia cuando haya causa concreta de solución específica y fundada y además las personas que intervengan. En eso están sometidas a las leyes procesales de cada jurisdicción".

Parrilli, al término de la reunión con el bloque que conduce Miguel Angel Pichetto, dijo que la jefa del Estado "entendió que se podía avanzar un poco más con respecto de los fondos reservados no solo de la SIDE sino de todos los organismos de Inteligencia".

Señaló que "hemos previsto que el principio de todas las partidas asignadas a los organismos de Inteligencia son públicos y solamente son reservados aquellos que necesitan ser reservados, que tengan que ver con el cumplimiento de acciones específicas que tengan que ver con la Inteligencia".
El funcionario manifestó que para el próximo presupuesto ya tendrá que venir discriminado cuáles son los gastos reservados y cuáles son los gastos públicos no solo para la Agencia sino para todos los organismos de inteligencia".

Apuntó que, en otro orden, se acordó reducir el plazo de clasificación de la 25 a 15 años y también se decidió limitar a tres la discriminación de la información, que será "secreta" en caso que "afecte gravemente la seguridad"; "reservada" cuando la afecte "parcialmente" y será "público aquello que puede ser público".

Resaltó como "un gran avance" en los derechos ciudadanos que a partir de la nueva ley "cualquier ciudadano" con causa legítima pueda pedir la desclasificación de la información, una facultad que "ni (Barak) Obama" puede hacer en los Estados Unidos.

Con esto, el titular de la SI destacó que se revierte "el criterio que estaba vigente hasta el día de hoy".
A su vez, Parrilli apuntó que con el bloque de senadores kirchneristas "hemos establecido la prohibición absoluta de hacer toda actividad relacionada con la represión y con todo lo que tiene que ver con la utilización como fuerzas políticas y sólo habilitamos la inteligencia criminal cuando sea pedido expresa y fundada del juez en una causa determinada y la gente sometida a los códigos procesales de la jurisdicción" ya sea nacional o provincial.

Parrilli subrayó que la Presidenta "entendió que debemos avanzar en todo lo que podamos para lograr una ley de inteligencia nacional acorde al momento actual de la Argentina" y marcó que "lamentaba profundamente que tengamos una oposición que ni siquiera siendo oposición es capaz de tomar decisiones tan trascendentes como es afectar intereses que no se pudieron tocar en 30 años de democracia".

Sobre el punto, el titular de la SI dijo que la ley en ciernes deja "muy claro lo que es Inteligencia militar en manos del Ministerio de Defensa, la inteligencia criminal en manos del Ministerio de Seguridad y la inteligencia del Estado en manos de la AFI".

Parrilli reconoció que se consideraron observaciones realizadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), otros organismos de derechos humanos e, incluso, diputados del oficialismo.

La oposición derogarla le ley de inteligencia

El senador nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Ernesto Sanz adelantó que todos los candidatos presidenciales de la oposición firmarán un acuerdo para derogar en el próximo Gobierno la nueva Ley de Inteligencia que el Congreso aprobará en las próximas semanas.

"Esta ley va a ser derogada en el próximo Gobierno, mañana lo vamos a firmar todos los candidatos", aseguró el dirigente radical, y reiteró que su partido no participará del debate en el recinto.
"Esta ley va a ser derogada en el próximo Gobierno, mañana lo vamos a firmar todos los candidatos, porque es una ley que no sirve absolutamente a ningún fin, es un engaño, y los engaños no se discuten ni se votan con las reglas convencionales", señaló. 

En declaraciones a radio La Red, el presidente de la Convención de la UCR respaldó la decisión de no participar de la discusión legislativa de la nueva ley enviada por el Poder Ejecutivo, al calificar como "una farsa" el debate propuesto por el kirchnerismo.
"Es una decisión política, y yo la avalo, la respaldo y la ratifico. No es que no se quiera bajar a dar el debate, lo que no se quiere es convalidar una farsa. Acá no hay debate, hay una fachada de debate", expresó.

Sanz recordó que "hasta organizaciones cercanas al Gobierno como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) han dicho que eso no es una buena ley", y señaló que, en realidad, "es una herramienta del oficialismo para sacar la discusión del tema central y para ganar tiempo".
"Esto es marcar políticamente una política del Gobierno que es utilizar al Congreso y a la oposición para no debatir. Uno no puede permitir que lo lleven a la rastra. Tenemos el derecho de utilizar la herramienta política que estamos utilizando", agregó.

Por otro lado, Sanz avaló la marcha organizada por un grupo de fiscales para el próximo 18 de febrero, y aseguró que "el Gobierno hace rato que perdió la calle".

"El Gobierno perdió la calle hace rato, más allá de que no haya movilizaciones, la calle también es la gente opinando. Y desde hace mucho rato ya se cristalizó una inmensa mayoría de argentinos que le está reclamando cosas al Gobierno, y que el Gobierno no puede responder", aseveró. (DyN)