El Gobierno se dispone a declarar a Hezbollah como organización terrorista

El esquema que se analiza en la Casa Rosada en estricta reserva persigue como intención de fondo consolidar una herramienta legal a fin de que la justicia y los organismos de seguridad en pleno puedan perseguir sin inconveniente alguno a las agrupaciones terroristas como Hezbollah o ISIS, ya que están no están encuadradas hoy en la arquitectura jurídica de la Argentina.

La administración de Mauricio Macri sólo se limitó en los últimos años a investigar agrupaciones terroristas encuadradas en la lista que ofrece Naciones Unidas y que no incluye a Hezbollah, uno de los grupos acusados judicialmente de participar en los atentados a la embajada de Israel en 1992 y en el ataque a la AMIA en 1994.

Sólo en contadas oportunidades el gobierno de Macri, por medio de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), hizo uso de un decreto 918/2012 que viene de la época de Cristina Kirchner y que faculta al Poder Ejecutivo a llevar adelante el congelamiento administrativo de bienes y/o dinero vinculados a las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal con el fin de proteger la integridad del orden económico financiero, así como la paz y seguridad internacional, conforme a normas y estándares internacionales.

Así fue como el año pasado la UIF dictó el congelamiento de bienes y cuentas de los integrantes del grupo Barakat en la Triple Frontera, una organización criminal vinculada a Hezbollah.

Sin embargo, la intención del Gobierno es crear ahora por decreto el RENAPOST para ampliar el marco de investigación de agrupaciones que hoy no pueden ser perseguidas por impedimentos legales.

"La creación de un registro de personas y grupos sospechosos de terrorismo se sustentarán en resoluciones judiciales, pedido de otros países o el trabajo de inteligencia", dijo a Infobae un encumbrado funcionario del Gobierno que trabaja en la elaboración de este delicado mecanismo legal por decreto.

Esta idea se empezó a figurar en la mesa de acción contra el terrorismo que comparten el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Cancillería, la Dirección de Migraciones, la Aduana y la AFIP.

Y según pudo reconstruir Infobae la orden impartida por Macri es que se intensifiquen las herramientas legales para la lucha contra el terrorismo y la cooperación internacional con intercambio de información sensible.

Otra de las fuentes consultadas por Infobae admitió que el Gobierno analiza la posibilidad de emitir un decreto en esta línea pero que no se sabe si se llegará al 18 de julio en que se cumplen 25 años del atentado a la AMIA.

"Incorporar en la Argentina un Registro de Personas y Organizaciones terroristas permitirá transparentar y sistematizar toda la información relacionada con investigaciones de terrorismo en el país", añadió otro funcionario de la Casa Rosada.

En la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia aun no llegó borrador alguno del tema. Es que antes deberá ser revisado por el secretario de Asuntos Internacionales Fulvio Pompeo y su equipo para que Macri posteriormente otorgue el visto bueno.

Desde el argumento legal del decreto se sostendrá que la creación de un Registro de organizaciones terroristas en Argentinas "permitirá disminuir las amenazas de potenciales ataques y disminuir los riesgos de un atentado".

Con la creación de este registro se ampliará la acción de persecución y encuadre de grupos terroristas ya que no sólo estarán comprendidos bajo el esquema de lavado de activos para su eventual detención.

Desde la AFI, el Ministerio de Seguridad, Justicia y la UIF, entre otros estamentos, creen que el decreto con la creación de un registro de operaciones terroristas generará que haya "canales más ágiles y rápidos para actuar ante movimientos de grupos terroristas".

Fuente: Infobae