En Jujuy, las Brigadas de Investigaciones de la Policía pasaron a estar en la mira. Según trascendió, los jefes de estas unidades recibieron una resolución que las pone bajo lupa ¿El motivo? Detectar posibles irregularidades, como investigaciones realizadas sin autorización fiscal y poner orden en un esquema donde, al parecer, algunos se creían dueños de las reglas.
Ante posibles irregularidades, las Brigadas de Investigación serán auditadas
Por decisión de la Procuraduría General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) estos apéndices del servicio de seguridad jujeña serán sometidos a una severa evaluación que incluirá al personal en todos sus aspectos, recursos materiales y esencialmente la posible comisión de delitos por investigaciones desarrolladas de manera apócrifa, sin la conducción de un agente fiscal.
La resolución, emitida por la Procuraduría General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) establece un control exhaustivo sobre estas brigadas. Entre las órdenes, los fiscales deberán revisar quiénes integran estas unidades, qué funciones cumplen y en qué horarios trabajan. Además, se hará un inventario de sus recursos: desde vehículos hasta herramientas tecnológicas, que serán evaluadas para ver en qué condiciones están y si realmente se usan para lo que deberían.
Pero el ojo no solo estará en lo material, también se ordenaría evaluar psicológicamente al personal policial, buscando detectar factores que puedan afectar su desempeño. Esto se complementaría con capacitaciones para que el personal entienda que el sistema acusatorio no es un concepto abstracto, sino un conjunto de normas bien concretas que funcionan como única guía procedimental.
El documento también deja en claro una regla básica: ninguna investigación puede hacerse sin la autorización de un fiscal. La idea es evitar que las brigadas actúen por su cuenta, como si fueran una policía paralela. La resolución, incluso, habla de la obligación de registrar todas las actuaciones en el sistema digital del MPA, algo que en teoría debería ser un procedimiento estándar, pero que aparentemente, no siempre ocurre.
La bajada de línea, tan clara desde la cúpula del organismo judicial, llega horas después de un nuevo y escandaloso capítulo del “Hotel Ranys”, el edificio ubicado en la Vieja Terminal que servía de sede para una red de prostitución donde la humanidad de los menores era literalmente corrompida.
Durante la tercera semana de enero, se supo que el último de los involucrados en la causa había sido liberado, mientras que el expediente dejó los Tribunales locales para migrar al fuero federal envuelto en acusaciones cruzadas sobre competencias y una investigación que no habría sido desarrollada, protocolarmente, como corresponde.
La decisión del juez federal Esteban Eduardo Hansen, puede estar más o menos sustentada, pero la reconstrucción de toda la investigación desarrollada hasta el momento en que da el salto a la nueva instancia, es decir en diciembre último, según especialistas y entendidos, mucho que desear. Lo ocurrido entre noviembre cuando se realiza el allanamiento, con sus subsecuentes detenciones múltiples de los involucrados y de más pasos, terminaron por someter al escarnio público al fiscal Walter Rondón, uno de los agentes más apreciados por las estructuras gubernamentales, cuya presencia en causas de extrema sensibilidad se han vuelto moneda corriente.
“Cada proceso tiene un protocolo. En este caso no se respetaron los mismos. Cuando hay menores de edad, los protocolos son claros: el proceso con un protocolo adecuado tiene un buen final. Si no, tenemos estos casos que quedan en el aire”, explicó Gabriela Burgos, ex integrante del Comité de Lucha contra la Trata de Personas y actual integrante de la Fundación Alameda, en una entrevista reciente en Radio 2.
Este movimiento desde la Procuraduría General podría ser un mensaje claro: no se trata solo de investigar a los delincuentes, sino de controlar a quienes investigan para que respeten las jerarquías preconcebidas.