“Si pongo un casino al lado de un cajero estoy incitando al juego”
El diputado Osvaldo Cuellar se sumó al rechazo a la apertura del casino de la Alvear y anticipó que su autorización podría haber violado la ley de contrataciones del estado.
Los diputados provinciales junto al poder ejecutivo emprenden una revisión de los contratos otorgados a los casinos durante la gestión Fellner.
En un marco evidente de falta de controles y vacíos legales, el ex directorio del Banco de Acción Social manejó con libertad las concesiones y entregó el negocio del juego a empresas privadas, con fuertes vínculos con el poder político.
Esto provocó excesos, como la autorización de casinos en toda la provincia sin demasiados reparos, en condiciones que favorecían el crecimiento de una enfermedad mental como la ludopatía y con una mínima tasa de tributos ante recaudaciones siderales por parte de las empresas.
El caso más emblemático es el casino de la calle Alvear, calificado ya por muchos como una lujoso monumento a la desmesura de las empresas de juego.
El edificio de tres pisos, se apresta a instalar más de 400 máquinas tragamonedas al lado de cinco cajeros automáticos, dos bancos y a media cuadra de la primer escuela primaria de la provincia.
La perplejidad inicial fue acompañada por un rechazo generalizado de la comunidad.
El gobierno provincial y la legislatura no tuvieron más remedio que hacerse eco de la reacción ciudadana e impulsó fuertes normativas para regular el juego en Jujuy, que la legislatura se dispone a aprobar.
La primera de ellas tuvo éxito en la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, que aprobó una comisión que se abocará a revisar los contratos y las concesiones que, mediante resoluciones, entregó el ex directorio del Banco de Acción Social.
El diputado Osvaldo Cuellar, perteneciente al radicalismo, ratificó que el resultado probable de las iniciativas que se discuten en las comisiones determinen la ilegalidad de la nueva sala y de las concesiones realizadas hasta el momento.
“Podrían haber violado la ley de contrataciones del estado, por ejemplo, que exige un llamado a licitación”, adelantó Cuellar.
Mientras el flamante edificio parece concluido, los obstáculos legales empiezan a poner en un duda su inauguración.