Los problemas de gestión terminan por no resolver las dificultades de la gente
Es evidente que este gobierno presenta serios problemas de gestión. Hay un fenómeno que ha llegado para quedarse que es el traslado del sentido común desde la política a la gente.
En cada reclamo vemos que la sociedad lo hace con sentido común mientras que la política elige una agenda que nada tiene que ver con los problemas cotidianos de los ciudadanos.
Hay dos casos que nos parece apropiados en destacar: por un lado la sangría de profesionales de la administración publica que dejan Jujuy en busca de otros destinos ya que no reciben la paga de acuerdo a su idoneidad profesional frente a un estado que muestra un superávit millonario pero que no explica claramente que hace con esos recursos que son de los jujeños aun produciendo un descascaramiento de las estructuras del estado con la consecuente precarización de los servicios que presta.
En otro orden, la crisis por falta de agua en Yala y zonas aledañas calificada por los vecinos como de emergencia de carácter humanitario no se resuelve pero simultáneamente el gobierno promociona un plan de 69 obras hídricas por 10 mil millones de pesos con recursos propios de agua potable y paradójicamente, frente a la urgencia de miles de vecinos que hoy no tienen agua no dispone de recursos ni si quiera para contratar camiones cisternas para auxiliar a las familias jujeñas que padecen esta situación.
Es decir, dos claros problemas producto de la falta de gestión.
A propósito, la buena gestión es el resultado de un complejo de relaciones y prácticas de los actores clave en una arena de políticas públicas determinada, que promueve un equilibrio virtuoso razonable entre resultados deseados y procesos aceptables. Cuando este complejo adquiere estabilidad en el tiempo, podríamos hablar de patrones de buena gestión. Precisamente es esto lo que no se ve.
Ahora cuando el complejo de relaciones y prácticas no favorece la obtención de resultados o la calidad tenemos que hablar de patrones de mala gestión en los procesos.
La planta de recursos humanos está groseramente ampliada, pero los mecanismos de reclutamiento, capacitación e incentivos no están vinculados de acuerdo a los resultados y desempeño; y son vulnerables al patronazgo y clientelismo.
La estabilidad contractual alta con remuneración baja genera incentivos desfavorables a la profesionalización y a la flexibilidad operativa.
En este contexto, los márgenes de error o de fracaso de las políticas impulsadas, desde el momento de su generación como iniciativas, son llamativamente altos. Su éxito depende de lo favorable del contexto, de las capacidades individuales de algunos decisores y sus colaboradores próximos, o de la contingencia.
Además, un estado con institucionalidad problemática en términos de gestión estratégica, asegura bajos márgenes de éxito y alta probabilidad de fracaso.
En términos simples, el fracaso del estado es el resultado de una combinación de factores estructurales y coyunturales: la gobernanza débil. Sadir es un gobernador sin poder y sin personalidad y gobierna dentro de una matriz con instituciones capturadas, reglas incoherentes y ausencia de estado de derecho, que minan la confianza y la rendición de cuentas.
Administra bajo una dependencia de recursos que le impone la deuda millonaria tomada por el ex gobernador Gerardo Morales. Forma parte de un proyecto político que ha sido incapaz de generar empleo y la consecuencia hoy es la alta informalidad de la economía en Jujuy y además, una pésima gestión que restringe la capacidad de inversión en servicios básicos.
Por otra parte, la gobernanza y la seguridad junto a la corrupción y a la violencia más los conflictos que desincentivan la inversión y destruyen tejido social.
Otros escenarios preocupantes son los déficits en educación y salud en donde vemos menor capital humano para enfrentar retos contemporáneos y tecnológicos. Respuestas lentas o ineficaces ante desastres, o crisis políticas que erosionan legitimidad.
En resumen, el fracaso no es un fallo único, sino el resultado de fallas acumuladas en las instituciones, economía, seguridad y legitimidad. La forma de contrarrestarlo, pasa por fortalecer el estado de derecho, la calidad de las instituciones, la inversión en capital humano, la inclusión social y políticas fiscales y económicas estables y adaptativas.