Lo único que crece en Jujuy es la presencia de los manteros

El problema legal aquí radica en que, según la normativa vigente en Argentina, la venta ambulante o informal en la vía pública puede considerarse una actividad ilícita o irregular, y por ello, las municipales tienen la facultad de instruir procedimientos de control y fiscalización, conforme a la ordenanza municipal correspondiente. Pero también, vale aclarar, que dichas ordenanzas deben respetar derechos constitucionales de los ciudadanos, como el derecho a trabajar y a ganarse el sustento, garantizados por nuestra Constitución Nacional, en el artículo 14.

Por otro lado, la cobranza por parte de la municipalidad a estas personas, en un contexto en el que muchas de ellas buscan sobrevivir ante la crisis, debe regirse por principios de razonabilidad y proporcionalidad, y enmarcarse en un marco legal que garantice que no se vulneren derechos esenciales. En este sentido, existen normativas que regulan las tasas municipales, pero también límites y reglas para su aplicación, que deben ser respetados para evitar delitos como la usurpación o el cobro indebido.

Entonces, la tensión aquí surge del equilibro entre el orden público, la protección de los espacios públicos y la situación social y económica de los vecinos. Desde un punto de vista legal, sería importante que las autoridades municipales y los organismos de control encuentren una vía que permita regularizar, ordenar y acompañar a los vendedores ambulantes, promoviendo alternativas y evitando que el cobro sirva como un motivo de exclusión social.

Desde el punto de vista legal, las actividades de venta en la vía pública están reguladas por ordenanzas municipales que buscan ordenar el uso del espacio público, evitar el caos y garantizar la seguridad de todos. Sin embargo, estas normativas también deben armonizarse con derechos constitucionales, como el derecho al trabajo, previsto en nuestra constitución nacional. La tensión surge cuando las acciones de control o fiscalización parecen afectar derechos fundamentales, en un contexto social y económico complicado, donde muchas personas buscan un medio de vida.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que las autoridades municipales deben aplicar las normas en forma proporcional y razonable. La cobranza en estos casos, si es que la hay, debe tener un marco legal claro y respetar los derechos de los afectados, evitando abusos que puedan generar injusticias mayores. La idea central no es criminalizar a quienes necesitan trabajar, sino buscar mecanismos de regulación que permitan ordenar la actividad, brindar alternativas y brindar un apoyo social que evite que la informalidad se convierta en un motivo de exclusión. La verdad yo no veo vocación de apoyo social sino una voracidad grosera del municipio buscando recaudar como único objetivo.

Es fundamental que todas las acciones institucionales consideren también la realidad social de quienes recurren a esta forma de venta, promoviendo políticas públicas que integren a estos vecinos en un proceso de formalización y desarrollo, en línea con los principios de justicia social y derechos humanos. Estas iniciativas están ausentes en el área de la municipalidad y es por ello que no se avanza hacia una ciudad más ordenada, inclusiva y respetuosa de todos.

El aumento en la venta informal representa el fracaso de las políticas públicas en materia de generación de empleo decente.

A pesar de que algunos intentan minimizar o esconder esta realidad, dibujando estadísticas que no terminan de convencer ni siquiera en los propios ámbitos del gobierno, la evidencia cotidiana nos muestra otra historia. La gente busca sobrevivir, busca reducir el hambre y la pobreza, y en ese afán recurren a la venta informal, a esa economía de subsistencia que no permite una integración real al mercado laboral formal ni garantiza derechos básicos.

Es importante entender que este incremento no surge por casualidad. Es la consecuencia directa de políticas fallidas o insuficientes para crear empleos dignos y de calidad, en cantidades suficientes para cubrir la demanda social. Pregunta: ¿20 años casi en el poder no es tiempo suficiente para haber avanzado en el tema? La respuesta es tapar la realidad con números maquillados intentando esconder un problema que cada día se vuelve más visible en las calles, en las plazas y en los espacios públicos de toda nuestra ciudad.

No se trata solo de ordenar y regular, sino de entender que detrás de cada vendedor hay una historia de dificultades, de padecimientos y, en muchos casos, de frustración por no encontrar un trabajo que permita una vida digna. Es momento de reconocer que la verdadera solución pasa por políticas que generen empleo genuino, por políticas sociales que acompañen a quienes más lo necesitan y por una visión de ciudad y país que priorice el bienestar de todos, más allá de los números y las estadísticas oficiales.

En rigor, no hay señales de revertir esto. La política se ha quedado sin ideas y apunta a sectores específicos consolidados como la minería y otras actividades productivas que no derraman sobre estos sectores de modo que la situación llegó para quedarse...

La realidad es que no hay señales claras de revertir esta tendencia de aumento en la venta informal y en la pobreza laboral. La política económica parece haberse quedado sin ideas, sin propuestas concretas y, lo que es peor, sin una voluntad real de transformar esta situación.

No se ve capacidad para crear cambios profundos en la estructura laboral ni en la distribución de la riqueza.

Y esto nos lleva a otra conclusión: la situación llegó para quedarse y, aunque algunos intentan minimizar el problema, no hay en el horizonte señales de una verdadera recuperación. La economía se ha estancado en una especie de ciclo vicioso, en el que las soluciones parciales solo refuerzan una realidad de desigualdad y exclusión. La posibilidad de que las personas encuentren empleo digno, estable y bien remunerado parece cada vez más lejana.

Es un escenario que requiere políticas públicas innovadoras, con visión de largo plazo, que apunten a diversificar la economía, a incluir socialmente a quienes hoy están en la informalidad, y a ofrecer verdaderas oportunidades a todos los hogares. Pero, por ahora, la esperanza de un cambio profundo cada vez se ve más lejana.