La importancia de la constitución en la garantía de los derechos humanos

“El poder se pretende irreversible… acumulativo e inmortal…” Jean Baudrillard.

La constitución de un estado desempeña un papel fundamental en la protección y garantía de los derechos humanos de su población.

Es a través de la constitución que se establecen las normas y principios básicos que rigen la vida de las personas y del Estado.

En la mayoría de los ordenamientos jurídicos, la constitución ocupa la cima de la jerarquía normativa, lo que significa que todas las leyes y disposiciones deben ser compatibles con ella.

Si una ley o norma va en contra de los principios establecidos en la constitución, puede ser declarada nula por los órganos judiciales competentes. Por lo tanto, la constitución sirve como una vara para medir la legalidad y legitimidad de las acciones de las autoridades públicas.

Los funcionarios públicos están obligados a actuar de acuerdo con la constitución y rendir cuentas por cualquier acto que sea incompatible con ella.

Los derechos humanos ocupan un lugar central en el orden constitucional de los Estados modernos.

No solo regulan las relaciones entre las personas, los grupos y los Estados, sino que también atraviesan todas las estructuras y procesos del Estado. Por lo tanto, la declaración de derechos se ha convertido en una parte integral de las constituciones modernas.

Sin embargo, la efectividad de los derechos humanos se ve obstaculizada por deficiencias en el ámbito del derecho constitucional.

El vínculo entre los derechos humanos y el orden constitucional democrático comienza con el proceso de elaboración o enmienda de una constitución. Es crucial que este proceso sea inclusivo y permita la participación de todos los sectores de la sociedad.

La libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación y la libertad de reunión son condiciones necesarias para un proceso constitucional justo y equitativo.

Actuar de acuerdo con la constitución implica hacerlo de manera justa y equitativa, respetando las libertades fundamentales y los derechos humanos.

Los funcionarios públicos deben ser responsables de cualquier acto que sea incompatible con la constitución. La constitución se percibe como la máxima garantía jurídica del bienestar y los intereses de las personas, así como una herramienta esencial para organizar la vida en sociedad y estructurar el Estado.

En tiempos de transformación democrática, la constitución se convierte en una herramienta para introducir cambios en la vida política y social.

En situaciones posteriores a un conflicto, la constitución sirve como un plan de paz que establece instituciones democráticas y protege los derechos para evitar tensiones y conflictos futuros.

La reforma constitucional es necesaria cuando los parámetros existentes son inadecuados o cuando se busca resolver un conflicto o restaurar estructuras estatales desmoronadas. Estas reformas deben ser transparentes, inclusivas y estar en consonancia con los principios democráticos y los derechos humanos.

En tiempos de crisis, como la actual, es crucial reflexionar sobre el poder y el estado de excepción, y cómo estos elementos impactan en nuestras vidas y en nuestras garantías constitucionales. El poder, por naturaleza, tiende a crecer y a buscar aumentar su dominio, control y autoridad. Rara vez se autolimita de manera espontánea o natural, y es en las sociedades con una alta conciencia cívica y ciudadana donde se logran contrarrestar estas tendencias.

Nuestra Constitución, en línea con los principios de Montesquieu, Alberdi y la Constitución norteamericana, establece una división de poderes y un sistema de frenos y contrapesos para evitar la concentración absoluta del poder en el ejecutivo.

Sin embargo, desde hace tiempo en Jujuy se ha observado una inclinación por parte del poder ejecutivo a actuar al margen de los controles y limitaciones constitucionales establecidos para ser ejercidos por los otros poderes.

Esta propensión se ve reforzada por la falta de un control crítico y efectivo por parte del parlamento, donde el partido gobernante ha tenido y actualmente tiene mayoría, así como por la complacencia y falta de control judicial de los actos del Poder Ejecutivo por parte de algunos jueces simpatizantes o acomodaticios.

Además, es importante destacar que desde la época romana se ha desarrollado el concepto de "Estado de Excepción", donde se suspende el derecho en situaciones extraordinarias. Actualmente, vivimos en un contexto donde la mentada paz social como parte de un relato ha sido utilizada como argumento y justificación para establecer un estado de excepción de hecho.

En los estados democráticos, el estado de excepción necesita una justificación clara y excepcional para suspender el estado de derecho, como una guerra civil, una invasión o una pandemia. Sin embargo, cuando un gobernante autoritario o con inclinaciones autoritarias no cuenta con una situación excepcional real, siempre encontrará argumentos para establecer un estado de excepción y ejercer un mayor control sin las limitaciones legales. Estos argumentos pueden variar desde la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico hasta la protección contra enemigos internos o la pobreza extrema.

En el análisis de la autoridad y el ejercicio del poder, resulta interesante comparar las diferencias entre la antigua Grecia y los estados modernos actuales. Esta comparación nos permite visualizar los remedios que los ciudadanos tienen frente a un ejercicio abusivo y arbitrario del poder.

Según la visión de Deleuze, en la antigua Grecia, gobernaban aquellos que tenían el mejor gobierno de sí mismos. En una sociedad compuesta por guerreros ciudadanos, libres e iguales, el poder no se imponía por la fuerza, sino que aquel que tenía un mejor gobierno de sí mismo era reconocido como apto para gobernar a los demás.

Esto implicaba la capacidad de autolimitarse en base a principios éticos, especialmente vinculados al cuidado de los demás.

En contraste, en las sociedades democráticas modernas, masivas y complejas, el proceso de ejercer una influencia en el gobierno es más engorroso y lento. Los ciudadanos, teóricamente también libres, deben esperar las elecciones para desconocer la autoridad de los gobernantes actuales y, eventualmente, reconocerla en otros candidatos. Sin embargo, este proceso se ve afectado por numerosos factores, como el marketing político, el manejo de redes sociales, los subsidios que buscan influir en los votos, las alianzas con gobernadores e intendentes que proveen clientela electoral cautiva, entre otros.

La comparación entre la antigua Grecia y los estados modernos plantea una importante pregunta: ¿qué hacer desde un punto de vista práctico si los gobernantes en el poder continúan violando la ley y la Constitución durante su mandato? Incluso, ¿qué hacer si esos gobernantes se perpetúan en el poder durante varios periodos, actuando de la misma manera?

En los estados modernos, es esencial contar con mecanismos y salvaguardias institucionales para asegurar el respeto a la ley y a la Constitución. La separación de poderes, la independencia judicial, la libertad de prensa y una sociedad civil activa son elementos fundamentales para contrarrestar el ejercicio abusivo y arbitrario del poder.

Los ciudadanos deben estar informados, participar activamente en la vida política y ejercer su voto de manera responsable. Además, es crucial fomentar la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los gobernantes, promoviendo una cultura política basada en la ética y el respeto a las normas establecidas.