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Jujuy | ley | familias | Gobierno

"Otras familias temen desalojos en El Fuerte", advirtió una diputada

La diputada Natalia Morales expresó su preocupación por el avance del gobierno y apuntó contra la inconstitucionalidad de la ley en la que se apoya el gobierno.

  • Impresionante operativo policial en El Fuerte para desalojar diez familias campesinas.
  • La medida habría sido adaptada en el marco expansionista de la empresa GIRSU, que planea instalar una planta de 20 hectáreas.
  • Días atrás algunos diputados opositores anticiparon el "avasallamiento" sobre las tierras explotadas para el desarrollo rural al sancionarse la Ley 6235.

El avance del gobierno contra las familias campesinas se da en medio de denuncias de negocios inmobiliarios e intereses particulares de algunos funcionarios.

En las últimas horas, el ministro de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi, negó rotundamente que efectivos de la policía hayan desalojado de manera violenta a las familias y minimizó el tema argumentando: “En ese lugar, no hay ninguna construcción, una vivienda, ni corrales, solamente hay yuyo y arbustos”.

Consultada al respecto, la diputada Natalia Morales dijo: “Pude contactar con una de las integrantes de la familia Peralta, que es la familia que sufrió este desalojo, sin ningún tipo de orden, con violencia policial, rompiendo las cosas que están en la casa. Me decía que ya en estos momentos la policía está atemorizando y anunciando de que tienen orden de que van las topadoras para sacar al resto de las familias, que son cerca de 10”.

Desalojo El Fuerte: diputada condena el avance del gobierno

“El Estado está violando sus derechos adquiridos como familias que viven hace varias generaciones ahí, más de 20 años algunas”, precisó.

En ese sentido, cuestionó el marco legal que el gobierno procuró con la complicidad de la Legislatura: “la ley 6235 que se aprobó con los votos del oficialismo da una herramienta al Estado de definir lo que ellos consideran ocupantes ilegales para proceder a con la policía y quitarles estos derechos”.

La legisladora contradijo a Perassi: “Estas familias tienen derecho, hace años que vienen peleando”.

Y agregó: “El Estado le está negando los derechos de propiedad comunitaria. Es un reclamo histórico. Es una ley totalmente inconstitucional que viola tratados internacionales”.

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