Mientras el asesino sigue prófugo, ahora el ojo está puesto en la presidenta del Consejo de la mujer e igualdad de género de la Provincia de Jujuy, quien no ha dado declaraciones sobre el manejo que se dio sobre este caso en el centro de atención, donde la victima habría radicado la denuncia.
La diputada provincial Patricia Armella, presidenta de la Comisión de Igualdad de Oportunidades con Perspectiva de Género, afirma que desde la cuerpo legislativo se trata de que Martínez llegue a la Casa de Piedra a dar explicaciones: “queremos analizar las responsabilidades que tuvieron cada personal, tanto del consejo como policial”.
En comunicación con Radio 2, Armella comentó “más que conmocionados, nos tiene que tener preocupados y ocupados este tema, que hoy en la provincia de Jujuy nuestras hermanas, hijas, nietas no van a poder caminar sin miedo, quedo en claro la falta de política, de protección hacia la mujer y un sistema de seguridad que no está funcionando”.
"Alejandra Martinez debería ir a la Legislatura a dar explicaciones"
“Nosotros estábamos con la ley de emergencia Iara, donde claramente uno de los artículos es la creación de centros de contención, esos centros se crearon en Susques y en Yuto pero indudablemente no están funcionando, entonces estamos ante una situación donde no hubo ni una capacitación del personal de seguridad, ni de ninguna de las secretarías”, aseguró.
Por último Armella hizo hincapié en que la secretaria Martínez tiene la responsabilidad como funcionaria pública de asistir a la legislatura para presentar el informe que le exigía la ley. “Cada 6 meses debía presentar el informe correspondiente del avance de todo lo articulado que marca la ley de emergencia. Y esto se esta incumpliendo. La ley Iara surgió del compromiso de la lucha de los diferentes organismos que defienden los derechos de la mujer, para dar respuesta a la necesidad y hoy no se está cumpliendo”, precisó.
“La fiscalía debió actuar ante las denuncias previas, tenemos que saber si es porque no contaban con los medios y qué cantidad de personal había en el momento, porque hay muchos factores. Cuando llegamos a estas instancias donde la victima realizó la denuncia y donde hubo amenazas públicas antes del hecho, entonces diríamos que la responsabilidad es administrativa, judicial y política”, expresó.