Ley de Coparticipación: el gobierno no quiere soltar la caja

Esto presenta una nueva polémica en torno a la verdadera autonomía municipal.

Me parece legítimo empezar este comentario con la siguiente pregunta: ¿de esta manera creen que se está respetando el criterio de cada intendente en la toma de decisiones sobre que obras realizar, donde llevarlas a cabo y cuál es la empresa adecuada para realizar esos trabajos?

La verdad que la implementación de este fondo podría interpretarse como un intento por parte del Ejecutivo provincial de centralizar otra vez el control de los recursos que deberían ser administrados por los intendentes ya que han sido elegidos por la sociedad y si no ¿para qué quieren la ley? …me pregunto…

Es decir, siguen subestimando la capacidad de gestión local y las necesidades específicas de cada comunidad, además de no querer soltar la caja.

Es fundamental entender que las realidades en Jujuy varían enormemente de un municipio a otro. Lo que puede ser una prioridad en San Salvador de Jujuy podría no serlo en Humahuaca o en La Quiaca. La cercanía a las problemáticas locales brinda a los intendentes la mejor perspectiva para identificar las obras que realmente beneficiarán a sus comunidades.

Supongamos que sale la ley, veremos cómo queda, además, conformada la Legislatura tras los resultados la próxima elección pero, en rigor, lo que quiero plantear es ¿quién va a auditar esos fondos? ¿Qué mecanismos se establecerán para garantizar que esos recursos van a ser utilizados criteriosamente y no mezclando el color político o la cara de cada intendente?

Surge también la pregunta sobre quién será responsable de licitar las obras. La disposición actual, que parece otorgar un control centralizado sobre las obras que cada municipio puede emprender, podría dar lugar a un proceso de licitación que no refleje las mejores prácticas de transparencia y competencia. Si las decisiones sobre las licitaciones son manejadas desde la Casa de Gobierno, nos encontramos ante un riesgo significativo: la posibilidad de que se repitan maniobras poco transparentes que beneficien a los vivos de siempre en esta provincia que ud. los conoce mejor que yo.

Esto podría interpretarse, en el peor de los casos, como un ejemplo de lo que algunos llaman "gatopardismo": un cambio superficial que no modifica la esencia de la situación. Mientras se presenta este fondo como una solución innovadora para el desarrollo local, la realidad podría ser que las estructuras de poder tradicionales se mantengan intactas, aprovechando la situación para consolidar el control sobre la inversión pública en Jujuy.

De una vez por todas, se deben establecer mecanismos claros y accesibles para auditar el uso de esos fondos y garantizar que las licitaciones se realicen de manera transparente, permitiendo que todas las empresas que deseen participar tengan la oportunidad de hacerlo en igualdad de condiciones convocadas por cada municipio.

Este fondo, aprobado por los constituyentes en 2023, presenta un formato que recuerda mucho a las conocidas unidades ejecutoras establecidas durante el gobierno de Eduardo Fellner. Estas unidades fueron objeto de investigaciones judiciales debido a irregularidades en la ejecución de viviendas, es importante que pensemos sobre el impacto que tuvieron en su momento y la falta de claridad respecto a su resolución.

Un punto relevante en este debate lo planteó el candidato a diputado por el Frente Confiar, Vicente Casas, quien señaló que los nuevos fondos y las unidades ejecutoras tienen similitudes. Pero según Casas, existía un mecanismo de monitoreo por parte de la Legislatura sobre estas unidades. Sin embargo, esta afirmación no puede hacerse sin reconocer las limitaciones prácticas de ese control legislativo.

La realidad es que la tiranía de las mayorías en la Legislatura obturaba, en esa época, cualquier intento de llevar a cabo un control efectivo sobre las funciones de dichas unidades de ejecución. A pesar de que existía un marco legal que permitía el monitoreo, la mayoría en la Legislatura solía desestimar las críticas y los reclamos, lo que resultaba en una falta de rendición de cuentas y transparencia en la gestión de recursos públicos por lo cual infiero que puede volver a ocurrir lo mismo salvo que los jujeños decidan cambiar la conformación de la Legislatura en la próxima elección.

Con este nuevo fondo de desarrollo comunal que propone el proyecto de Sadir nos enfrentamos a la misma preocupación: corremos el riesgo de volver a caer en la opacidad y la falta de responsabilidad que caracterizó a las unidades ejecutoras del pasado.