Vicente Casas recordó que los operativos se realizaron “por decisión de la Legislatura, que carece de facultades judiciales ”, y que, en ese contexto, se secuestró documentación y se intervinieron teléfonos sin orden de un juez. “Si lo secuestra un juez, hay cadena de custodia. Si lo hace la Legislatura, nadie puede garantizar qué pasó con esos elementos”, señaló.
Caso Lello Sánchez: "Si lo que se secuestró no lo tiene la Justicia, estamos ante un escenario muy peligroso"
El abogado y exjuez Vicente Casas expresó su profunda preocupación por el rumbo que tomó la investigación en torno al caso Lello Sánchez, ex titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy. Según el letrado, las irregularidades cometidas durante los allanamientos impulsados por la Legislatura provincial abren un escenario de “enorme gravedad institucional”.
Con tono crítico, el exmagistrado alertó que “mañana podrían decir que entre los documentos apareció una ametralladora, y nadie podría explicar de dónde salió”. Para Casas, este tipo de procedimientos “mortifican la Constitución provincial” y dejan a los ciudadanos “completamente desprotegidos frente a un poder político que manipula las instituciones”.
El abogado también apuntó contra la falta de acción del Ministerio Público de la Acusación, al sostener que “no se sabe qué hizo el fiscal de turno con la denuncia” ni si “se avanzó en pedidos de documentación o declaraciones”. “Tal vez ese mismo fiscal fue parte del equipo que ejecutó las órdenes de Sánchez”, ironizó, y pidió que “se esclarezca quién custodió el material y qué se hizo con él”.
Casas subrayó que la gravedad del caso no radica únicamente en las acusaciones, sino en el método empleado para investigarlas. “Si lo que se busca es justicia, no se puede vulnerar el debido proceso ni usar a las instituciones como armas políticas”, advirtió.
Para el exjuez, la situación actual “revela un poder que actúa a contramano de la legalidad republicana”. “No puede ser que organismos nacidos de la Constitución se conviertan en instrumentos para perseguir o plantar pruebas. Si eso ocurre y no pasa nada, entonces vivimos en una provincia donde los derechos de todos están en riesgo”, sentenció.
El caso Lello Sánchez —que estalló semanas atrás y sacudió el tablero político jujeño— sigue rodeado de silencio oficial y versiones cruzadas. Mientras tanto, crecen las dudas sobre el destino de la documentación incautada y la falta de respuestas de los organismos judiciales que deberían garantizar transparencia.
“Si hay culpables, deben ser juzgados; y si hay inocentes, sus nombres deben ser limpiados. Pero lo que no puede pasar es que el Estado se convierta en su propio verdugo”, concluyó Casas.