Por la situación demandaron además la mediación de legisladores locales.
La baja de esta institución se confirmó días pasados cuando desde presidencia se informó que con el cierre del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar se ahorrarán 9.000 millones de pesos. Eso provocó el enojo de empleados tanto provinciales como nacionales, que exigen mantener ambas oficinas en funcionamiento.
Embed - Protestas en la Legislatura por el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar
Protesta y descontento
- “(El cierre) es una política desacertada el cierre de instituciones como el INADI y el INCAA es una política pública que se va institucionalizando cada vez más, y en algún momento iban a tocar al sector productivo ganadero de la provincia”.
- “Trabajamos con 130 comunidades indígenas”.
- “Presentamos una nota en la Legislatura, la idea es hablar con legisladores para que se pongan en el lugar de los productores”.
- “El cierre del Instituto significa la eliminación de la única política pública destinada al sector de la agricultura familiar en Jujuy. Son más de 5.000 familias asistidas y esto es quitarles a las comunidades indígenas, campesinas, a los grupos de productores, la única posibilidad de asistencia. No hay en el país nadie que llegue al territorio como llegamos nosotros, que estamos en territorio, acompañamos a las comunidades, no solamente llegamos con políticas de la agricultura familiar sino también acercamos muchas otras políticas de otras dependencias que no tienen equipos territoriales”.
- “Durante 30 años de trabajo de la institución se asistió en el país a 160.000 productores de la agricultura familiar, se acompañó a las comunidades originarias y se mejoró la calidad de la infraestructura productiva. Se hicieron proyectos de agua, de mejoramiento de galpones, centros comunitarios, se acompañó a grupos de mujeres para acceder a derechos, se hizo un registro nacional de agricultura familiar donde se pueden anotar los productores para estar contenidos en un censo agropecuario que valora su producción, los alimentos sanos, ecológicos. Se tratan de abrir mercados y ferias para que tengan acceso a la venta y precios justos y que los alimentos de los agricultores familiares lleguen a la mesa de todos”.
- “Todo eso no se valora, no se ve, con un total desconocimiento del gobierno nacional que ningunea a los trabajadores, a una institución de tantos años, y no lo podemos permitir. Estamos aquí para desmentir todos los dichos que indignan y no queremos que esto pase porque está puesto nuestro esfuerzo y trabajo desde hace 30 años”.
- “Además de la falta de acceso a los productores, a políticas públicas, el cierre también significa la pérdida de puestos de trabajo y casi 900 familias que quedarán en la calle. Eso no es justo porque el Estado es responsable de garantizar nuestros derechos laborales, estar en planta permanente. No podemos ser despedidos, quedar en la calle sin ninguna protección”.
- “En Jujuy hay 36 trabajadores; asistimos a más de 5.000 (personas) de la agricultura familiar”.
