La violencia se espiraliza y el estado ausente la naturaliza

En esta realidad lacerante que atraviesa a Jujuy y que, lamentablemente, se replica como un espejo roto en diversos puntos de nuestra argentina. Lo que estamos discutiendo no es simplemente hechos policiales aislados, sino el fracaso sistémico de un modelo de gestión que ha decidido mirar hacia otro lado durante los últimos cuarenta años.

La ausencia del estado en los barrios marginales no debe entenderse como una falta de presupuesto, sino como una desconexión moral y operativa, donde el funcionario se refugia en el confort del aire acondicionado mientras la calle se vuelve un campo de batalla. Esta distancia abismal ha permitido que el tejido social se desgarre, dejando el terreno fértil para que el consumo problemático de alcohol y drogas no sea visto solo como una adicción, sino como la única oferta de pertenencia para una juventud que no encuentra en el trabajo formal una salida viable. Cuando el empleo digno es una quimera y la presencia estatal se reduce a una patrulla que pasa de largo, la violencia se institucionaliza como lenguaje cotidiano.

La violencia opera como un espiral que ya ha comenzado a girar; estamos ante una dinámica de réplica constante donde la crispación social se contagia de un sector a otro a gran velocidad. Si no hay un cambio de paradigma inmediato que traslade la toma de decisiones al territorio mismo, permitiendo que quienes gobiernan sientan el polvo y la urgencia de la periferia, el concepto de ingobernabilidad dejará de ser una amenaza teórica para convertirse en nuestra realidad diaria.

La urgencia no es solo política, es una cuestión de supervivencia social, porque cuando el estado se retira, el crimen y la desesperación no tardan en ocupar su oficina, y el costo de recuperar ese territorio perdido suele pagarse con la sangre de ciudadanos inocentes que quedan atrapados en el fuego cruzado de un fracaso que ya no admite más excusas ni dilataciones desde los despachos oficiales.

Es fundamental entender que no estamos condenados al fracaso si miramos con atención aquellas experiencias latinoamericanas que lograron arrebatarle el territorio a la desesperanza. El caso de Medellín en Colombia o de ciertas favelas en Brasil nos enseña que la solución no pasa por una militarización aislada, sino por lo que se denomina urbanismo social, una estrategia donde el estado llega al barrio no solo con patrulleros, sino con la mejor infraestructura posible, bibliotecas, centros culturales y polos de capacitación instalados en el corazón mismo del conflicto. Esta sincronía entre seguridad y dignidad humana es la que permite romper la espiral de violencia, porque el estado empieza a competirle al narco ya la marginalidad en el terreno de las oportunidades reales y no solo desde el discurso.

Si aplicamos este espejo a Jujuy, entenderemos que la presencia permanente significa que el trabajador social, el médico y el instructor de oficios deben tener el mismo peso que la fuerza pública para que el joven vea una alternativa real frente al consumo y la delincuencia.

La clave de estos exitosos modelos ha sido precisamente la horizontalidad: gobernar escuchando al vecino, integrando a los referentes comunitarios y transformando el entorno físico para que el barrio deje de sentirse una periferia olvidada y pasar a ser parte viva de la ciudad. Solo así, con una inversión que sea tan audaz como sostenida, se puede revertir esa inercia de cuarenta años de abandono, transformando la crispación en convivencia y asegurando que la paz social no sea un privilegio de quienes viven cerca de los despachos, sino un derecho garantizado en cada rincón de nuestra provincia.

Una propuesta de urbanismo social para san salvador de Jujuy debe comenzar por la descentralización total de la administración municipal y provincial, creando nodos de gestión que funcionen las veinticuatro horas en el corazón de sectores como barrio 9 de julio y tantos otros sectores.

No basta con operativos de limpieza o iluminación esporádica; se requiere la construcción de centros de desarrollo tecnológico y de oficios que operen en los mismos predios donde hoy el consumo de sustancias gana la partida, ofreciendo a los jóvenes becas de formación conectadas directamente con la demanda laboral de la provincia. Esta intervención debe ir acompañada de un diseño urbano que elimine las barreras físicas que aíslan a estos barrios, mejorando el transporte público y creando corredores seguros que no sean solo asfalto, sino espacios de recreación con presencia constante de mediadores comunitarios que resuelvan el conflicto antes de que escale a la violencia física.

Es vital que el presupuesto se ejecute allí donde se camina, transformando los baldíos en centros deportivos de alto rendimiento y las esquinas peligrosas en puntos de conectividad digital gratuita, mostrándole al vecino que el estado tiene una ambición de excelencia para ellos y no soluciones precarias para salir del paso.

Solo mediante esta presencia física y la integración de las redes vecinales en la toma de decisiones presupuestarias podremos pasar de la reacción policial a la prevención social profunda, logrando que la seguridad sea el resultado de la inclusión y no simplemente de la represión, devolviéndole finalmente el protagonismo a la gente y la dignidad a cada cuadra de nuestra capital.