Concejal electa de La Quiaca sigue sin asumir: "Es una falta de respeto a la democracia"
Pese a fallos de la Justicia, la edil Marcela López continúa sin poder ocupar su banca en el Concejo Deliberante. Acusó desobediencia judicial y anticipó que avanzará con denuncias penales pidiendo además que el gobierno provincial tome cartas en el asunto.
Cronología del conflicto en La Quiaca
En el mes de diciembre se desató un escándalo en La Quiaca porque no dejaron asumir a dos concejales electos. Gustavo Farfán y Marcela López no pudieron jurar y ocupar sus bancas por “inhabilidad moral”, según el fundamento del Concejo Deliberante.
Los implicados denunciaron al intendente Dante Velázquez de impulsar la movida para no rendir cuentas: “Vinimos a controlar y no nos pueden comprar ”, afirmaban.
Luego del conflicto suscitado, la edil Marcela López presentó una medida cautelar y finalmente la Justicia hizo lugar ordenando asumir la banca en un plazo de 10 días (hasta el 5 de marzo). Sin embargo y pese al fallo, no se concretó la asunción y hubo denuncia de desobediencia judicial y pedido de intervención de la Legislatura.
El problema continúa
Continúan pasando los días y Marcela López sigue sin asumir su banca en el cuerpo de concejales de La Quiaca.
La protagonista dialogó con Radio 2 y reiteró que la Corte Suprema de Jujuy ordenó que el Concejo Deliberante debía permitir la asunción de los concejales en 10 días, plazo que venció el 6 de marzo, lo que constituye desobediencia judicial.
Remarcó que el intendente viajó en estos días y que el presidente del recinto también estuvo ausente pero ese mismo día se realizó una sesión especial donde se aprobaron dos ordenanzas sin haber quórum.
Acusó que autoridades provinciales, incluyendo el gobernador, no toman cartas en el asunto, a pesar de que la situación es una “falta de respeto a la democracia” y al voto popular de 3.500 ciudadanos quiaqueños.
Por último, advirtió que esta situación sienta un precedente negativo que permite anular resultados electorales si no son del agrado del poder político local o provincial, comprometiendo la seguridad jurídica de la ciudad.