¿La prioridad es ganar una elección o proveer medicamentos que salvan vidas?

Desde el hospital se atribuyen parte de las dificultades a demoras en la provisión nacional, mientras que otras versiones señalan deudas de la cartera sanitaria con proveedores que estarían demorando las entregas hasta regularizar sus acreencias. Lo preocupante es que, cualquiera sea la explicación, el resultado termina siendo el mismo: un paciente esperando un medicamento que no puede esperar.

Cuando la salud está en juego, la burocracia, las disputas financieras y las responsabilidades cruzadas no pueden convertirse en una excusa. La propia documentación oficial muestra que el Hospital Pablo Soria arrastra obligaciones pendientes con proveedores de ejercicios anteriores, lo que demuestra que el problema financiero dentro del sistema sanitario no es una discusión inventada. Pero mientras esta realidad golpea a los pacientes, la provincia avanza con el desdoblamiento de las elecciones de 2027: la decisión política de separar los comicios provinciales de los nacionales ya fue confirmada, aunque la fecha todavía no estaba oficialmente definida; estimaciones de dirigentes opositores ubican el costo del operativo en torno a los 15 millones de dólares, una cifra que el Gobierno todavía no presentó como presupuesto oficial.

Aquí aparece una contradicción que merece ser discutida públicamente: si existen recursos para afrontar una elección separada, ¿por qué no existe la misma urgencia para garantizar medicamentos, cancelar deudas con proveedores y fortalecer la salud pública? A esto se suma otro interrogante sobre el manejo de los recursos provinciales.

La Cuenta de Inversión 2025 es precisamente el instrumento oficial que permite conocer cómo se administraron los fondos públicos. Si, tomando los números que se vienen señalando, existiera un stock financiero de $453.200 millones de pesos y ese dinero generara rendimientos del orden de los $9.272 millones mensuales, el debate ya no sería solamente cuánto dinero tiene la provincia, sino qué prioridades establece para utilizarlo.

Incluso tomando como referencia los $4.127 millones de pesos de regalías mineras mencionados, ese rendimiento hipotético sería más del doble de esa recaudación. Son recursos que, según sus críticos, podrían contribuir a atender urgencias concretas: medicamentos, proveedores, hospitales y el saneamiento de las cuentas del sistema de seguridad social provincial. Por eso el debate no debería reducirse a una pelea entre oficialismo y oposición; la verdadera discusión es otra: cuando un Estado tiene recursos limitados, ¿qué coloca primero en la lista de prioridades? ¿La salud de quienes esperan un tratamiento o la organización de una elección separada? ¿La deuda con quienes proveen medicamentos o la estrategia política del próximo turno electoral? La respuesta a esas preguntas define mucho más que un presupuesto: define qué lugar ocupa la gente en las prioridades del poder.

Porque para un paciente oncológico, esperar 50 días no es una cifra contable: es tiempo de vida. Y cuando un Estado administra recursos públicos, la primera obligación debería ser explicar con transparencia dónde están, cuánto producen y por qué no llegan a tiempo allí donde más se necesitan.