La naturalización de la hipocresía

Escuchamos hace poco al diputado Guido Luna defender con vehemencia la supuesta transparencia del sistema, pero su discurso choca de frente con una realidad que analizamos hoy y que confirma que Jujuy funciona como una democracia patrimonialista.

Además, la médula del conflicto no es solo administrativa: es profundamente ética y republicana. Toda la arquitectura de control ha sido, en términos llanos, desguazada. La transformación del histórico Tribunal de Cuentas en una Auditoría General no fue un paso hacia la modernidad, sino que se percibe como la creación de un refugio de impunidad, donde las autoridades —con sueldos insultantes para el bolsillo del jujeño promedio— actúan más como guardianes del secreto estatal que como auditores del pueblo.

Walter Barrionuevo en la cúspide de este organismo es el ejemplo perfecto del “círculo rojo” jujeño: una suerte de pacto de caballeros entre sectores que, aunque aparenten ser oposición, terminan convergiendo en la protección mutua. Cuando el diputado Luna afirma que la institucionalidad se respeta porque los papeles llegan a la Legislatura, olvida un principio básico: enviar un formulario incompleto no es rendir cuentas, es simplemente cumplir con un trámite cosmético para ocultar el dibujo de las cuentas públicas.

Lo más grave de este análisis es el efecto derrame. Esta cultura de la opacidad que baja desde la Casa de Gobierno termina legitimando que intendentes y comisionados municipales sientan que el dinero público es propio, instalando una anarquía administrativa donde nadie explica en qué se gasta. Y aquí está la clave del estancamiento económico: ¿qué inversor serio va a poner un peso en una provincia donde no hay reglas claras y donde el “peaje” parece ser la única llave de entrada?

Lo que tenemos es un sistema diseñado para que nada se sepa y para que la plata de los jujeños se maneje entre pocos, mientras se califica de “ruido político” a cualquier intento de arrojar luz sobre las cuentas. En definitiva, cuando el control se vuelve funcional al controlado, la democracia deja de ser representativa para convertirse en un feudo donde los gobernantes se creen dueños de la voluntad y del patrimonio de todos.

Lo que sucede en Jujuy no es un simple cruce de chicanas legislativas, sino una herida abierta en el costado de nuestra república que exige hablar con nombres propios y conceptos claros. Cuando escuchamos al diputado Guido Luna defender una institucionalidad de cartón piedra, no solo falta a la verdad técnica sobre las cuentas públicas, sino que perpetra un atropello contra la ética pública: ese conjunto de principios que obliga a quien administra lo ajeno a actuar con una transparencia que no deje lugar a la más mínima sospecha.

En Jujuy se ha instalado una moral pública de la conveniencia, donde lo que es legal —porque ellos mismos redactan las leyes a su medida— no tiene nada que ver con lo que es justo o ético. Y esta distinción es vital, porque la ética pública no consiste solo en llenar formularios, sino en la disposición del gobernante a ser cuestionado y a mostrar hasta el último centavo sin necesidad de que la oposición se lo arranque mediante denuncias.

Lo que vemos hoy es una desnaturalización absoluta de los ideales de Raúl Alfonsín, padre de nuestra democracia moderna, quien entendía que la democracia era, ante todo, control del poder y no el ejercicio ilimitado de una mayoría circunstancial. Hoy, los herederos de ese sello en la provincia parecen haber olvidado que la república se basa en la alternancia y en organismos de control que incomoden al poder, no que le sirvan al poder.

Al transformar el Tribunal de Cuentas en una Auditoría General encabezada por figuras como Walter Barrionuevo, bajo el amparo de acuerdos políticos que huelen a impunidad cruzada entre Morales y Rivarola, lo que se hizo fue despanzurrar el sistema de frenos y contrapesos para instalar una suerte de democracia patrimonialista o, dicho sin eufemismos, un feudo moderno donde el Estado es visto como un botín de guerra.

Este desprecio por la transparencia derrama una sombra de sospecha sobre toda la pirámide estatal, llegando hasta los municipios, donde los intendentes, al ver que en la capital nadie rinde cuentas, se sienten autorizados a manejar sus comunas como estancias propias. El resultado es la destrucción de la confianza ciudadana y el espanto de cualquier inversión legítima que no esté dispuesta a pagar el peaje de la corrupción.

No se puede hablar de institucionalidad cuando se ha diseñado una Constitución a imagen y semejanza de un solo hombre. Eso no es ley: es un traje a medida para perpetuar un modelo donde la información pública es un secreto de Estado y la rendición de cuentas es una parodia, cara y sostenida por los jujeños, que ven cómo se esfuman sus recursos mientras las autoridades se reparten sueldos millonarios en organismos que no auditan absolutamente nada.

Estamos frente a la construcción de un régimen que utiliza las formas de la democracia para vaciarla de contenido ético, alejándose de aquel sueño alfonsinista de que con la democracia se come, se cura y se educa, para reemplazarlo por una realidad donde con la democracia solo se enriquecen quienes lograron clausurar la mirada del pueblo sobre sus propios actos.