La incapacidad para gobernar se disfraza de orden fiscal

Es alarmante, y hay que decirlo con nombre y apellido, que la segunda ciudad más importante de Jujuy, con 80 mil almas, pretenda contener una ola de violencia con apenas tres móviles y siete motos. Eso no es gestión, es abandono de persona a escala municipal. El interrogante sobre el intendente Julio Bravo es pertinente: ¿qué se dice en esas reuniones de gabinete? Si la lealtad partidaria pesa más que la seguridad de los sampedreños, estamos ante una política de obsecuencia que roza la complicidad. El fantasma de Gerardo Morales, operando desde las sombras con una lógica verticalista, parece haber instaurado un régimen de miedo donde el que cuestiona se queda sin fondos, dejando a los intendentes como simples administradores de la escasez. Definir a San Pedro como la “colombianita” no es un eslogan periodístico, es un grito de auxilio ante una penetración del narcotráfico que ya no encuentra resistencia en un Estado que se jacta del equilibrio fiscal mientras sus fuerzas policiales rumorean malestar por sueldos de hambre.

La simulación como estilo de gobierno es, quizás, el pecado más grave de la actual administración en la Casa de Gobierno. Hablar de récords turísticos o mineros mientras el tejido social se desgarra por la deserción escolar y la ausencia de padres que no llegan a fin de mes es, por lo menos, cínico. Los jóvenes, empujados por un sistema educativo anacrónico y el veneno de la alienación digital, son hoy la carne de cañón para un narco que no pide permiso y que se está adueñando de los barrios a la vista de todos. El diagnóstico es claro y oscuro a la vez: una incapacidad de gestión disfrazada de autoridad, un desgaste que ya no se puede ocultar con pauta publicitaria y una mecha corta que está ardiendo ante la indiferencia de quienes, por temor a la represalia interna, prefieren obedecer antes que proteger a su gente. Si la política no recupera la humanidad y deja de mirar las planillas de Excel para mirar la realidad como es el caso de San Pedro, el estallido dejará de ser una posibilidad para convertirse en un hecho.

Estamos ante un sistema de gestión que ha perfeccionado la mímica del Estado mientras las instituciones se vacían de contenido real, un simulacro que no se agota en la salud o la educación, sino que derrama su ineficacia sobre cada rincón de la administración pública jujeña. Cuando el gobierno anuncia con bombos y platillos una provincia verde y de vanguardia, lo que hace es levantar una escenografía de cartón pintado para ocultar que el Ministerio de Trabajo es una oficina de trámites estériles frente a la precarización laboral y que el área de Desarrollo Social se ha convertido en un mero depósito de bolsones que no alcanzan a mitigar el hambre estructural.

En la Justicia, la simulación es todavía más peligrosa, porque se vende independencia mientras los hilos se manejan con una verticalidad asfixiante que garantiza impunidad para los propios y persecución para el que se atreve a levantar la voz, quebrando el contrato básico de la democracia. El impacto en la obra pública es otra cara de esta misma moneda: se inauguran fachadas y se cortan cintas de proyectos que a los pocos meses muestran las grietas de la corrupción o el abandono, porque el objetivo no es la utilidad social, sino la foto para las redes sociales que alimentan ese éxito ficticio del que hablábamos.

La seguridad social y la atención al ciudadano se han transformado en un laberinto burocrático digital que excluye a los más humildes, a esos que no tienen conectividad pero a los que el gobierno les exige modernidad para ocultar que no hay presupuesto para personal ni insumos básicos en las oficinas del interior. Incluso en la producción, mientras se habla de litio y de cannabis como tierras prometidas, el productor tabacalero o el pequeño agricultor de la Quebrada y el Ramal languidecen sin créditos ni protección, viendo cómo la riqueza pasa de largo por sus narices para terminar en las arcas de un esquema de poder concentrado.

Este modelo de simulación genera un divorcio total entre el discurso oficial y la mesa del jujeño, donde la “incapacidad para gobernar” se disfraza de “orden fiscal” y la paz social no es más que el silencio impuesto por el miedo a la represalia.

Estamos viviendo en una provincia donde la realidad se edita en una oficina de prensa mientras en los barrios de San Pedro o Libertador la gente se siente extranjera en su propia tierra, desamparada por un Estado que decidió que era más barato parecer que ser, dejando la mecha encendida en una sociedad que ya no tolera más espejitos de colores.