A la Corte por no informar
Ante la negativa del gobierno de trasparentar las cifras de la venta del ingenio azucarero, que a la fecha representó una sangría de más de 1000 millones de pesos, el Frente de Izquierda en Jujuy presentó un Recurso Extraordinario ante el máximo órgano judicial de la Nación.
Desde que asumió a finales de 2015, el gobierno de Morales intentó, sin éxito, devolver el ingenio azucarero La Esperanza a la actividad privada. Entre anuncios optimistas de una supuesta venta de contado y reclamos de los trabajadores, el proceso sufrió numerosos retrasos y hasta la caída del principal oferente, el grupo colombiano Omega Alessa.
Años después el gobierno insiste con un nuevo interesado, el grupo tucumano Boudeguer pero los cuestionamientos persisten respecto de la falta de información sobre la venta de un ingenio. Mientras tanto el flujo de fondos públicos no se detuvo jamás y de 2015 a la fecha ha representado un gasto de más de 1000 millones de pesos.
La Esperanza se ha vuelto un tema controvertido producto de esta negativa oficial de cumplir con el mensaje de transparencia que enarboló el gobierno desde los primeros meses de gestión. Una verdadera contradicción que se presta a ciertas supicacias.
Convencido de que el gobierno está incurriendo en una falta grave y advirtiendo irregularidades en el proceso, el Frente de Izquierda agotó todas las instancias posibles para obligar al Ejecutivo a que explique con cifras concretas los detalles de la venta: por esa razón presentó un Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, el máximo órgano judicial de la Nación.
Este planteo de la oposición inició en 2018, cuando recurrieron a la Oficina de Transparencia del Gobierno Abierto una oficina creada por este gobierno pero que no fue capaz de brindar precisión alguna.
La Izquierda fue entonces ante la justicia, allí en el juzgado Contencioso Administrativo provincial, el juez Jorge David Casas falló a favor y le exigió al gobierno que presente la información.
El gobierno apeló y unos meses después el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy rechazó el planteo y hasta les cobró las costas del proceso.
Ahora será la Corte la que defina si el gobierno de Morales debe transparentar la información sobre uno de los anuncios más importantes de la actual gestión y que se vio envuelto en numerosas polémicas y sospechas de negocios inmobiliarios en puerta.
El gobierno explica el retraso y la oposición lo desmiente
En su última mención al tema, luego de que no se cumpliera el plazo previsto para fines de abril, el gobierno ratificó que la venta se hará finales de mayo porque los plazos se corrieron debido a una presentación en la Justicia y señaló otras dos cuestiones relevantes: Por un lado, que Boudeguer está “conduciendo todo el proceso de interzafra” y por otro que es un hecho que se hará el traspaso de los 600 trabajadores tirando por tierra los rumores de que el nuevo inversor busca achicar la planta de trabajadores.
Consultado al respecto, el economista que viene siguiendo de cerca el proceso de venta, Gastón Remy, remarcó que no le consta que el grupo Boudeguer esté involucrado en la interzafra y que los trabajadores siguen sin tener contacto con el grupo oferente.
Por otra parte, sobre el tema puntual del traspaso de los 600 trabajadores, volvió a apuntar contra la falta de transparencia. “Son solo supuestos porque no hay información concreta porque no hay información por parte del gobierno”, señaló.