La degradación institucional en Jujuy

Cuando en una democracia se llega al extremo de que un concejal electo por el voto popular no puede sentarse en su banca porque se activan mecanismos de exclusión arbitrarios, lo que se está rompiendo no es solo un protocolo, es el contrato social básico. El voto deja de ser una herramienta de soberanía para convertirse en una sugerencia que el ejecutivo o las mayorías automáticas pueden ignorar si el resultado no les resulta simpático.

Esta proscripción de baja intensidad es un síntoma de una patología mayor, una suerte de autoritarismo electoral donde se vota pero no se elige, o mejor dicho, se elige pero el poder decide quién es digno de representar y quién no. a esto se le suma la peligrosísima mano del estado metida en las organizaciones de la sociedad civil y los gremios. Cuando el gobierno interviene sindicatos o interrumpe sus procesos internos de normalización, está asfixiando los anticuerpos naturales de una democracia.

Una institución gremial intervenida es una institución muda, y un trabajador sin representación genuina es un ciudadano vulnerable. Este "intervencionismo" busca uniformar el pensamiento y disciplinar a través del miedo o la cooptación, transformando a las instituciones intermedias en meras dependencias de la casa de gobierno.

En Jujuy, la falta de una división de poderes real ha creado un ecosistema donde el control y el equilibrio son palabras de diccionario pero no realidades de la calle. El poder judicial, lejos de ser el árbitro imparcial, parece muchas veces la guardia pretoriana de un modelo que confunde gobernabilidad con hegemonía. Estamos ante una democracia de fachada, donde los edificios están en pie y los sellos siguen vigentes, pero por dentro el contenido republicano se ha vaciado.

Si los mecanismos de control no funcionan, si la oposición es perseguida o bloqueada administrativamente y si los sindicatos son rehenes de decretos y auditorías sesgadas, lo que queda es una cáscara vacía. La crisis institucional en la provincia es profunda porque ha naturalizado la irregularidad; ya nada nos sorprende, y esa apatía social es el combustible que necesitan los proyectos autocráticos para perpetuarse. No se trata de colores políticos, se trata de que si hoy permitimos que le quiten la banca a uno o intervengan el gremio de aquel, mañana no habrá ley que nos proteja a nosotros cuando el poder decida que somos un estorbo para sus intereses.

Es hora de despertar y entender que la democracia no es solo ir a las urnas cada tanto, sino garantizar que después de las urnas, la constitución siga siendo la que manda y no el capricho de quien tiene la lapicera.

Lo que estamos viendo en Jujuy, y particularmente con los casos de La Quiaca donde dos concejales electos no pudieron asumir y el gremio docente ADEP, ya no es solo una desprolijidad administrativa, es un salto al vacío institucional que debería encender todas las alarmas de la república.

Fíjense lo que pasa en la frontera, en La Quiaca, donde la voluntad popular es pasada por el escáner de una supuesta "inhibición moral" para impedir que dos concejales opositores asuman sus bancas; es un concepto jurídico sacado de la galera, un delirio interpretativo que no tiene otro fin que alterar la composición de un cuerpo deliberativo a dedo.

¿Quién es el juez de la moralidad pública para decidir que el voto de miles de ciudadanos no vale? Esa figura, que parece más propia de un tribunal de la inquisición que de una democracia moderna, se usa como un filtro ideológico para purgar a quienes resultan incómodos al poder central o local.

Y mientras esto ocurre en el norte, en el corazón de la educación pública asistimos a la intervención del gremio de los docentes primarios, donde el estado, en lugar de ser un mediador en el conflicto salarial y laboral, se convierte en el interventor que corta de cuajo la autonomía sindical.

Es la combinación perfecta del autoritarismo: por un lado, se anula la representación política en los concejos deliberativos y, por el otro, se amordaza la representación gremial para que no haya resistencia en las calles ni en las paritarias. al intervenir un sindicato bajo argumentos burocráticos, lo que se busca es descabezar la lucha y domesticar a un sector que siempre ha sido crítico, instalando un clima de disciplinamiento donde el que levanta la voz se queda sin personería o termina con el gremio intervenido por el gobierno.

Esta situación genera un precedente nefasto porque si mañana cualquier mayoría puede inventar una tacha moral para expulsar a un opositor, o si cualquier conflicto laboral se resuelve mandando a la policía o a un interventor a las oficinas del gremio, entonces la división de poderes en Jujuy es un dibujo en un papel mojado. Estamos transitando un camino muy peligroso donde las instituciones ya no sirven para canalizar los conflictos, sino para ejecutarlos, transformando la justicia y la administración en armas de guerra política.

No se puede hablar de paz social cuando la paz se construye sobre el silenciamiento de los representantes electos y el asalto a las organizaciones de trabajadores; eso no es orden, es sumisión, y en una democracia sana el disenso no es una patología moral, es un derecho constitucional que hoy en nuestra provincia parece estar bajo asedio constante.